Casi la mitad de los valencianos estaría en riesgo de pobreza sin las ayudas y prestaciones del Estado. Los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística, publicados el pasado lunes, desvelan que en 2017 había en la autonomía 1,21 millones de ciudadanos que se encontraban por debajo del umbral de riesgo de pobreza.
La citada cifra es ya de por sí escandalosa, pero alcanzaría niveles terroríficos si se suprimieran los efectos redistributivos que conllevan las cotizaciones sociales y los impuestos. Así, si se toman en consideración las transferencias sociales, aunque no las pensiones de jubilación y supervivencia, la mencionada cifra aumentaría hasta los 1,46 millones de personas. En el caso más extremo, aquel en el que tampoco hubiera pensiones, los valencianos en riesgo de pobreza serían en 2017 poco más de 2,3 millones. Si tenemos en cuenta que la población de la Comunitat Valenciana era a finales de 2018 de 4,96 millones de personas, casi la mitad de los ciudadanos de la autonomía se encontrarían en una muy precaria situación económica, por decirlo suavemente. En concreto, sería, el 47 % del total.
El citado organismo de la Generalitat sitúa el umbral de riesgo de pobreza en el 60 % de la media de la renta disponible equivalente de la Comunitat Valenciana. Dicho de otro modo, si la media estuviera en mil euros se encontrarían en la condición de pobres quienes ingresaran menos de 600 euros. Francisco J. Goerlich, investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de València especializado en estas cuestiones, precisa que el citado cómputo se realiza respecto a la renta mediana del conjunto de España. De ahí que las autonomías con una renta per cápita inferior a la media nacional, como es el caso de Andalucía, Extremadura o la propia Comunitat Valenciana, tienen un volumen más elevado de pobres.
Este experto considera «un poco ficticio» remitirse solo a la mencionada cifra de los 2,3 millones, porque en la misma se incluyen las aproximadamente 900.000 pensiones que cobran los valencianos. Sin esas prestaciones, incluso en el caso de las máximas, el número de pobres aumentaría de forma considerable porque en la mayoría de los casos la pensión es el único ingreso que percibe la persona. Además, opina que, de alguna forma, «son rentas del trabajo diferido». De hecho, se nutren parcialmente de la parte del sueldo que va a cotizaciones.
Goerlich considera como «más afinado», para calibrar la pobreza valenciana, el dato que incluye transferencias sociales pero excluye las pensiones. Es el que afecta a 1,46 millones de personas en la autonomía. En este grupo se incluyen más de 350.000 ciudadanos que, en su mayoría, perciben prestaciones por paro, aunque también las de discapacidad o enfermedad. Lo que no hay duda, según este experto, es del «papel fundamental del Estado a la hora de redistribuir la riqueza del país».
Las mujeres, más afectadas
En todos los supuestos analizados siempre hay más mujeres afectadas que hombres, pero cuando la distancia se agranda más es cuando se toman en consideración las pensiones de jubilación. Uno de los datos más sangrantes es el que muestra que son los menores de 15 años los que se encuentran en mayor número en situación de pobreza.
En concreto, son el 30,2 % del total de este colectivo, casi 240.000 de las 1,12 millones de personas que están por debajo del citado umbral. Ese porcentaje va descendiendo conforme aumenta la edad y cae al 16,8 % entre los mayores de 65 años. En este último tramo, hay más mujeres (17,6 %) que hombres (15,9 %).
