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Aviso

El Tribunal de Cuentas advierte de que no hay dinero para desmantelar Cofrentes

El órgano fiscalizador del gasto público reclama un incremento de las tasas que gravan la producción eléctrica

Central nuclear de Cofrentes, en una imagen captada en abril. fernando bustamante

El Tribunal de Cuentas advierte en su último informe de que no hay suficiente dinero para poder cubrir los costes de gestión del desmantelamiento de la central de Cofrentes en noviembre de 2030. El órgano fiscalizador del gasto público apunta que la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S. A. -Enresa- (que es la encargada del desmantelamiento de las centrales nucleares en España) tiene un déficit de 2.350 millones para acometer el cierre la planta valenciana y el de los otros seis reactores que permanecen activos en España. El calendario fijado por el Gobierno en marzo establece el fin de la producción de la energía nuclear en España en 2035, aunque el informe del Tribunal de Cuentas cuestiona su viabilidad económica. El ente reclama revisar las tasas que gravan la factura de la luz y las centrales nucleares para financiar su desmantelamiento.

El Estado constituyó hace 30 años Enresa, que tiene como misión la gestión de los residuos radioactivos y el cierre de las plantas españolas. El presupuesto de Enresa se cubre con aportes del recibo de la luz y con un gravamen de la producción eléctrica de las instalaciones nucleares. Por un lado, se recauda el 0,001 % de los peajes de la tarifa eléctrica y por otro se aplica una tasa (conocida en el sector como tasa Enresa) de 6,69 euros por megavatio hora (MWh).

En el año 2015, el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que alertó de que los ingresos generados por esas tasas eran insuficientes para cubrir los costes y estimó un déficit de unos 1.500 millones de euros. En el informe recomendó revisar anualmente los dos gravámenes para cubrir las necesidades de financiación.

En su nuevo informe alerta de que la recomendación no se ha cumplido y cifra el déficit (a 31 de diciembre de 2018) en unos 2.350 millones de euros. «Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019, existiría una desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica de 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las centrales operativas de 1.919 millones», señala el órgano presidido por María José de la Fuente.

Después de haber hecho estos cálculos, las empresas eléctricas (Iberdrola, Naturgy, Endesa y EDP) firmaron en marzo un protocolo de intenciones para extender la vida útil de las centrales nucleares desde los 40 años hasta una media de 45,7 años antes de su cierra definitivo. El Tribunal de Cuentas apunta que esta prórroga permitirá reducir el déficit existente, pero insiste en que su recomendación de incrementar anualmente las tasas no se ha cumplido. El propio informe incluye una alegación del presidente de Enresa, José Luis Navarro, que asegura que no puede dar cumplimiento a la alegación porque depende de la normativa y, por tanto, no tiene capacidad legal para llevarla a cabo.

En torno al 20 % de la generación eléctrica nacional proviene de los siete reactores nucleares que permanecen en activo y que están a punto de cumplir su vida útil. Los siete reactores son Almaraz I y II, Vandellós II, Ascó I y II, Trillo y Cofrentes. Vandellós I cerró en 1989 y Enresa terminará de desmontar Zorita (la primera central española en 2020).

Las operadoras deberán realizar una inversión mínima de entre 3.200 y 3.500 millones de euros en seguridad y reposición de equipos para prolongar la vida útil de las plantas hasta su cierre definitivo. El apagón nuclear se va a producir de forma escalonada entre el 1 de noviembre de 2027 (fecha para la parada de Almaraz I) y el 1 de mayo de 2035 (día del cierre de Trillo). España, según un informe de PwC, no tiene capacidad de ejecutar de forma simultánea varios desmantelamientos ya que no hay ni suficiente personal especializado ni recursos.

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