Una vez destronados los cargos que penalizaban captar los rayos del astro rey (el llamado impuesto al sol) para el autoconsumo eléctrico en viviendas o empresas, se han abierto las puertas para que los usuarios puedan ser independientes energéticamente hablando y ahorrar en su factura de la luz. La fotovoltaica vuelve a brillar, más aún desde que hace unas semanas el Gobierno regulara mediante un decreto el autoconsumo en los edificios comunitarios de viviendas y simplificara los trámites administrativos necesarios para poner estas instalaciones en el tejado. Aun así, las empresas que se dedican a este negocio aseguran que lo que tirará sobre todo de sus ventas en los próximos años es el sector empresarial, que está poniendo sus vistas en el cielo para intentar rebajar su recibo eléctrico.
Es cuestión de echar cuentas para rentabilizar el desembolso inicial que hay que hacer para disponer de una de estas instalaciones en una casa, entre 6.000 y 8.000 euros para una vivienda unifamiliar. Pero las compañías fotovoltaicas aseguran que compensa. Al final, en siete u ocho años esa inversión ya está amortizada, defienden las empresas. El ahorro en la factura eléctrica, además, puede llegar a rondar el 60% en el mejor de los casos. Así que hagan números.
El Ministerio de Transición Ecológica, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), acaba de editar una guía en la que se recogen las condiciones para poder ser un «autoconsumidor». Se establecen dos modalidades (ya se trate de consumidores individuales o colectivos). Por un lado, una modalidad en la que se permite la inyección de la energía sobrante en las redes de transporte y distribución, pudiendo o no acogerse a una compensación económica por esa entrega de electricidad. Y, por otro lado, aquella otra modalidad en la que no hay excedentes y se instala lo que se conoce como un «sistema de invertido», que regula la producción para ajustarla al consumo de la vivienda o de la empresa. Pablo Cuesta, de la compañía ovetense Praxia Energía, asegura que por fin «se reconoce un derecho básico a ciudadanos y empresas como es el de producir su propia energía libremente aprovechando el principal recurso natural de España que es el sol, y mejorando la balanza de pagos del país, al reducir la importación de combustibles».
