Las grandes industrias españolas sumaron 127,37 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) el pasado 2018, según el balance que acaba de publicar el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta cifra supone una disminución del 36% respecto al año 2005 y del 6,6% respecto al año 2017. El 7% de las toneladas salió de instalaciones ubicadas en la Comunitat Valenciana, la quinta región en el ránking de gases de efecto invernadero. Sólo la superan Andalucía, Asturias, Galicia y Cataluña, con el 19%, 14%, 12% y 11%, respectivamente.
Estos datos se hacen públicos en el marco de la regulación del comercio de los derechos de emisión. La normativa europea pone techo a los gases de efecto invernadero en las principales industrias en 31 países, los 28 de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega. Afecta a 11.000 instalaciones, grandes consumidoras de energía y a compañías aéreas. Representan alrededor del 45 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.
Contaminar de más tiene un coste. Y muy elevado. El Estado asigna unos derechos de emisión a cada empresa bajo vigilancia, para cumplir con los compromisos de reducción de gases del protocolo de Kioto. Mantenerse en ese umbral es gratuito. Superarlo obliga a pagar. Según un balance de la Dirección General de Cambio Climático de la Generalitat, la emisión de gases de efecto invernadero de las 178 instalaciones valencianas controladas fue de 8.936.768 toneladas en 2018. Es una cantidad ligeramente superior a la que se registró el año anterior, 8,68 millones de toneladas.
Esas emisiones superan en un 37,1% a la cantidad asignada gratuitamente por el Estado para ese año. Ese déficit de derechos que tendrá que ser asumido por las empresas asciende a 51,89 millones de euros, según los cálculos de Medio Ambiente. El dinero es recaudado por el Estado para financiar actuaciones en materia de mitigación del cambio climático en la Comunitat Valenciana.
Pese a que la cifra de emisiones verificadas es similar a la de 2017, el coste para las empresas se ha duplicado (fueron 24,54 millones en 2017 frente a los citados 51,9 del pasado año). ¿A qué se debe? El límite de emisiones asignadas (por las que no se paga) va reduciéndose cada año para rebajar los gases contaminantes. Dentro del techo fijado, las instalaciones reciben una asignación gratuita o compran derechos de emisión con los que pueden comerciar.
Desde 2013 las subastas son el principal mecanismo de asignación. España la organiza junto a una veintena de Estados. Cada vez hay menos oferta para comprar y a eso se suma, según los expertos, la especulación propia de los mercados menguantes, con lo que el precio medio de la tonelada de CO2 está marcando récords. A 21 de marzo de 2018, la tonelada estaba a 12,62 euros. El 26 de marzo de este año, se sitúa a 21,44 euros la tonelada, según la conselleria.
¿A quiénes se mide en la Comunitat Valenciana? Las grandes industrias, las más consumidoras, son las que se encuentran bajo vigilancia. En este sentido, los fabricantes de azulejos (el sector más numeroso) es responsable del 33,1% de emisiones de la industria valenciana, según los datos de Medio Ambiente. Le siguen las cementeras, con el 21,3%; la generación eléctrica (18,1%) y la refinería (13,4%). La Comunitat Valenciana aporta el 20,9 % de las instalaciones medidas en toda España. Y pese a ello solo contribuye al 7% del conjunto de emisiones, dado el perfil de la industria valenciana.
En este contexto, la cementera Cemex, con plantas en Buñol y Sant Vicent del Raspeig, es la empresa con mayores emisiones de la C. Valenciana, con 1.239.790 toneladas de emisiones verificadas en 2018. Le sigue la refinería de petróleo de BP en Castelló, con 1,2 millones.
Las centrales de ciclo combinado de Naturgy en Sagunt (981.925) y de Iberdrola Generación Térmica en el Grao de Castelló (634.712) ocupan la tercera y cuarta posición.
A más distancia aparecen compañías químicas como Ube (140.120 toneladas) y del sector cerámico de Castelló. La multinacional automovilística Ford, por su parte, emitió en 2018 casi 40.400 toneladas, menos de las que tenía asignadas.
