La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, defendió ayer las medidas que se han tomado para velar por un trabajo digno, decente, estable, bien retribuido y seguro y luchar contra la economía sumergida, que es una práctica «insolidaria» y que supone una competencia desleal hacia las empresas que cumplen.
Valerio mantuvo un encuentro institucional con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el que trataron sobre el empleo y la importancia de atajar «problemas gravísimos» del mercado de trabajo valenciano, como la economía sumergida y formas de «seudoesclavitud» que todavía perviven en sectores como el agrario.
Puig expuso a Valerio el problema de la economía sumergida en la Comunitat Valenciana, una cuestión sobre la que se creó un grupo de trabajo en la Mesa de Diálogo Social, en concreto sobre lucha contra la economía sumergida, contra el fraude fiscal, contra el fraude a la Seguridad Social y contra el fraude laboral, a petición de la CEOE y Cepyme.
La economía sumergida es «insolidaria» con la sociedad en general porque no se cotiza por los trabajadores y no se vigilan las condiciones laborales , y es utilizada por las empresas para hacer competencia desleal a las empresas que cumplen, manifestó la ministra.
También recientemente se ha creado un observatorio para vigilar el fraude a la Seguridad Social y se ha aprobado un plan director por un trabajo digno que cuenta con 55 medidas, entre ellas dos planes de choque, uno contra la temporalidad abusiva y otro contra la contratación a tiempo parcial fraudulenta, que realmente es «a tiempo completo», recordó.
Además, entre las medidas para luchar contra el fraude en estos ámbitos, se ha puesto en marcha el registro de jornada y el control de las horas extraordinarias.
Valerio recalcó que el Ejecutivo central está en esta línea de lucha por «un trabajo digno y decente», y en esta cuestión está en «total conexión» con el Gobierno valenciano, cuyo presidente ha destacado la cooperación que ha habido entre ambos gobiernos en los últimos meses.
