11 de julio de 2019
11.07.2019
Polémica

El TSJ catalán anula las barreras a Uber y Cabify como las que ha impuesto el Consell en València

El tribunal suspende la obligación de contratar el servicio a través de la app móvil con una hora de antelación por atentar contra la libertad de empresa - La norma motivó la salida de Uber de la ciudad

10.07.2019 | 22:04
Protesta de taxistas el verano pasado en València, reclamando una normativa contra las plataformas.

Nuevo giro en la batalla que libran desde hace meses en España las plataformas tecnológicas como Uber o Cabify contra las administraciones públicas para poder desarrollar su actividad y competir con el taxi en las principales capitales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de suspender cautelarmente varios artículos del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Estas VTC, ya sean propias o de otras empresas de flotas de vehículos, son las licencias en las que se apoyan estas aplicaciones para desarrollar su actividad.

El tribunal catalán atiende parcialmente la petición de Luxury VTC y suspende cautelarmente el artículo 11 en su integridad, que se refiere a la obligatoriedad de que los servicios de estas aplicaciones se tienen que contratar con una antelación de al menos una hora. Para el TSJ, esa precontratación previa es una regulación «contraria a la libertad de empresa y discriminatoria».

Se da la circunstancia de que el decreto regulador de las VTC aprobado por el Consell de la Generalitat valenciana a finales de la pasada legislatura es una adaptación prácticamente calcada de la regulación catalana. En concreto, el Consell de Ximo Puig aprobó una precontratación de 15 minutos que llevó a la plataforma americana Uber a dejar de operar en la Comunitat Valenciana el pasado junio, cuando entró en vigor la norma. Cabify, por su parte, ha seguido haciéndolo aplicando cambios en su operativa.

El decreto autonómico valenciano, al igual que el catalán, fijaba en 15 minutos el proceso de precontratación previa, y dejaba en manos de los ayuntamientos la posibilidad de ampliar esa franja. La Autoridad Metropolitana de Barcelona lo hizo hasta una hora, que es lo ahora suspende cautelarmente la justicia. El Ayuntamiento de Valencia se comprometió a seguir los mismo pasos que la AMB.

La patronal de empresas de vehículos de alquiler con conductor VTC, Unauto C. Valenciana, anunció que daría la batalla judicial contra esta regulación y cifró en 166 millones la petición de indemnizaciones por la pérdida del valor de las licencias VTC, en las que las empresas han invertido mucho dinero por las nuevas posibilidades que ofrece el mercado.

La norma de la AMB, que aumenta en 45 minutos el tiempo de precontratación que estableció previamente el Govern de Catalunya en su decreto, también impide la geolocalización de los VTC y obliga a los conductores que circulen sin pasajeros a justificar que tienen un cliente en el registro de servicios o que se dirigen a su estacionamiento.

Para controlar el cumplimiento de la nueva norma, se creó un registro donde debían quedar reflejados todos los movimientos de los VTC, desde la precontratación hasta la finalización del servicio.

En el auto, el TSJC también se hace eco del dictamen -no vinculante- emitido a principios de año por el Consejo de Garantías Estatutarias sobre el decreto de VTC aprobado previamente por la Generalitat y que preveía una contratación mínima de 15 minutos. Este organismo concluyó que el decreto del ejecutivo catalán «vulnera el derecho a la libertad de empresa» de la Constitución.

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