La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha autorizado por el momento a Cemex a cerrar la anunciada venta de su fábrica de cemento blanco de València -ubicada en Buñol- a la turca Çimsa con el fin de estudiar esta operación en profundidad y dilucidar si plantea «posibles obstáculos» a la competencia en el sector.
El superregulador ha acordado así abrir una segunda fase de análisis sobre esta la operación, una fase de dos meses prevista en la legislación para las operaciones que pueden suponer problemas de competencia.
La operación es la que Cemex anunció en marzo y comunicó a comienzos de este mes a la CNMC para vender su planta de producción de cemento blanco de Buñol. La multinacional mexicana anunció esta desinversión después de que el pasado año cerrara dos de sus plantas en España y acordara un expediente de regulación de empleo (ERE) para todos sus 188 trabajadores.
De esta forma, el fabricante mexicano de cementos reducirá su presencia industrial en España a cuatro fábricas, frente a las siete con que contaba hace un año.
En el caso de la venta de la fábrica valenciana, Cemex la enmarca en su decisión estratégica a escala mundial de vender el negocio de producción de cemento blanco que tiene fuera de México y de Estados Unidos a Çimsa Çimento por un importe de 159 millones de euros.
Del lado del comprador, la operación supondrá la expansión en España de Çimsa, una de las principales cementeras turcas. En virtud de la transacción, pasará a tener una fábrica en España, que se suma a las terminales y oficinas con que ya contaba en el país, ubicadas en Sevilla y Alicante.
No obstante, una vez transcurrido el preceptivo mes de análisis de la operación y, «consultar a varios operadores», la CNMC ha decidido no dar por el momento luz verde a esta operación y darse dos meses más para «analizar en profundidad los posibles obstáculos al mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado nacional de fabricación y venta de cemento blanco».
«Los riesgos asociados a la operación son muy dispares según el ámbito geográfico, por lo que se deberá determinar si se trata de un mercado de dimensión nacional o supranacional», detalla la comisión, que también duda sobre el «riesgo que puede entrañar en términos de concentración en un mercado en el que ya hay pocos operadores».
