El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha desestimado la reclamación interpuesta por Intu Mediterráneo a la Generalitat Valenciana en concepto de responsabilidad patrimonial en la tramitación y aprobación del plan de ejecución estratégico de este macroproyecto de ocio, anteriormente conocido como Puerto Mediterráneo, por el que le reclamaba una indemnización de más de 280 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante.
El órgano consultivo autonómico alega que el recurso presentado por la mercantil está fuera de su ámbito competencial y que además dicho recurso es una «acción anticipada» que no puede reclamarse hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se pronuncie sobre la resolución de 2016 en la que la conselleria de Vivienda tumbó la propuesta del Plan de Ordenación.
El Consell Jurídic Consultiu considera que el recurso interpuesto hace referencia a tres ámbitos «diferenciados» para plantear la responsabilidad patrimonial, quedando dos de ellos fuera de la jurisdicción del organismo público. En el único apartado que el Jurídic considera que podría ser «eventualmente» de su competencia, el que denuncia la dilación de la Administración Pública en la tramitación del expediente que debía estudiar la aprobación del proyecto, defiende que la «demora injustificada» denunciada por la empresa en la tramitación del expediente «no está acreditada». Se basa para ello en la «complejidad técnica y administrativa» del informe así como de las «Administraciones participantes en el expediente».
Respecto a los dos aspectos que según el organismo quedan fuera de su rango competencial, esgrime el Consell Jurídic que «no pueden ser objeto de dictamen» al suponer un «claro ejemplo» de acción anticipada, ya que el órgano «carece de competencia revisora» salvo que estos supongan una «revisión de oficio». Es decir, que puesto que la resolución de 2016 está pendiente de fallo en el TSJCV, el Consell no puede dictar sentencia alguna al carecer de la «necesaria e ineludible» acreditación de antijuridicidad.
De pronunciarse, estaría «suplantando la función jurisdiccional» del tribunal autonómico. Asimismo, el Consell emplaza a la mercantil a que dicha reclamación de responsabilidad patrimonial podrá ser presentada «una vez firme la sentencia judicial» en el procedimiento que tiene lugar en el TSJCV.
Un choque prolongado
Este no es ni mucho menos el primer revés que recibe la inversora británica Intu en su intento de implantar el macrocentro comercial en el término municipal de Paterna. De hecho, la Generalitat Valenciana ha tumbado hasta en dos ocasiones el levantamiento del proyecto.
La última negativa llegó en enero de este mismo año, cuando Medio Ambiente bloqueó el segundo intento de la mercantil de obtener luz ver alegando motivos medioambientales y que el nuevo proyecto concurría en los mismos defectos por los que se rechazó la primera vez, pese a reducir en un 25 % la superficie edificable, pasando de 500.000 metros cuadrados a 375.000.
Se remitía así la Generalitat a la memoria encargada en 2016 a Medio Ambiente sobre la implantación de este proyecto en el paraje natural de La Mola. Aquel informe apoyaba su negativa en hasta 24 puntos conflictivos, entre los que destacaba la reducción de las zonas de protección de las carreteras CV-35 y CV-31 a la mitad, el aumento del riesgo de inundaciones en torno a ellas o el posible incremento de las congestiones en la CV-35.
También señalaba la memoria que en el proyecto no se había tenido en cuenta las consecuencias medioambientales que el aumento de la movilidad en la zona podría provocar, así como el incremento de la contaminación acústica en zonas ya de por sí afectadas por esta problemática.
