La emergencia de nuevos modelos de negocio posibilitados por la disrupción tecnológica está planteando también un reto en el ámbito del Derecho laboral. En los últimos meses, ya son varias las sentencias que han abordado la situación de los trabajadores de nuevas plataformas como las que gestionan el envío a domicilio de comida desde restaurantes, a través de repartidores en moto o en bicicleta, conocidos como riders. Por lo general, la justicia está determinando que estos empleados tienen dependencia de la empresa, con lo que la relación no pueden ser de autónomo, como hasta ahora fijaban las plataformas digitales, sino laboral.
La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social ha puesto también a estas nuevas compañías bajo su punto de mira. Trabajo ha levantado acta en diferentes ciudades llegando a la misma conclusión: que se trataba de falsos autónomos.
En este contexto, el último balance de actuaciones de la Dirección General de Trabajo de la Generalitat concluye que en la Comunitat Valenciana ya han sido dados de alta en la Seguridad Social 610 trabajadores de este tipo de plataformas (aunque no ha trascendido sus nombres).
Todos los casos se han producido en la provincia de València, que ha sido epicentro de la lucha de los riders españoles. En la capital se produjo la primera huelga de trabajadores, y aquí levantó la Inspección su primera acta. También un juzgado de València emitió la primera sentencia que, en junio de 2018, declaró la laboralidad de los repartidores. De los 610 afectados, la mayoría, 531, son hombres.
La presión de la Inspección no solo ha tenido impacto para la situación laboral de estos trabajadores. La Seguridad Social también se ha beneficiado, con una recaudación de algo más de un millón de euros en la C. Valenciana fruto de esta regularización.
Lo cierto es que la aparición de estas nuevas formas de operar está generando un reto jurídico. La gran patronal española, la CEOE, ha comenzado a abordar un debate interno para estudiar cuál debe ser el estatus laboral de estos 'nuevos' trabajadores. La organización tiene en sus seno a las firmas digitales emergentes, como Uber o Deliveroo, empresa esta última especializada en el reparto de comida a domicilio, que conviven con las empresas tradicionales de reparto.
Desde diferentes ámbitos se está abordando la necesidad de dar forma a una nueva figura para los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes, el Trade digital, una respuesta a la nueva realidad de profesionales que trabajan en las nuevas plataformas de economía digital, no solo de reparto. De momento, los operadores tradicionales desconfían de estos cambios, en los que ven la amenaza de la competencia desleal.
En general, la actividad de Trabajo en el periodo que va desde agosto de 2018 a junio de este año ha tenido un impacto considerable en la situación de los autónomos. En concreto, se ha legalizado la situación de 2.932 falsos autónomos, es decir, trabajadores por los que la empresa no estaba cotizando pese a su relación de laboralidad con su compañía. Es un incremento considerable respecto al anterior periodo de vigilancia, del 539%.
El Gobierno de España lleva tiempo realizando planes de choque con la intención de poner coto a la economía sumergida. Hace apenas unos días, el Ministerio de Trabajo anunciaba el envío de una nueva remesa de 85.000 cartas a empresas de la que se tiene sospecha de estar cometiendo algún tipo de fraude laboral.
Solo estas cartas ya suelen tener un efecto determinante para que muchas situaciones se regularicen directamente, sin necesidad de acometer inspecciones o abrir procesos sancionadores.
La lucha contra la economía sumergida, sobre todo en un periodo de crisis, se ha convertido en prioritaria para la Generalitat. Solo en los últimos diez meses, la lucha contra el fraude en la contratación laboral ha permitido aflorar 21.500 empleos en la C. Valenciana, un 129% más que el mismo periodo del año anterior, según el balance presentado el viernes por la Conselleria de Economía.
El director general de Trabajo y Bienestar Laboral, Gustavo Gardey, recordó que uno de los objetivos de este Consell es combatir la economía sumergida y el trabajo precario y estos resultados demuestran la necesidad de continuar trabajando con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en esta dirección.
