La Fiscalía Anticorrupción afirmó ayer que el expresidente de Banco de Valencia -y de Bancaja y de la Generalitat- José Luis Olivas era «perfecto conocedor» de la situación de la entidad «por comunicación directa del supervisor y por la información que iba teniendo en los órganos corporativos». Cifró en 663 millones los deterioros procedentes de la firma controlada por Bancaja.
La Fiscalía endureció ayer su relato sobre la salida a Bolsa de Bankia, una «pesadilla» basada en irregularidades «perfectamente» conocidas por su expresidente Rodrigo Rato y el resto de ejecutivos, que «los operadores financieros han querido hacer desaparecer» para minimizar posibles responsabilidades. La representantes del Ministerio Público calificó de «inusual» que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aportaran contrainformes «para desvirtualizar» los trabajos de los dos inspectores designados a la causa como peritos judiciales, Antonio Busquets y Víctor Sánchez.
Durante su intervención ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen Launa defendió su labor, y aseguró que el hecho de haber añadido un presunto delito de falsedad contable a su acusación final no vulnera derecho alguno, puesto que «las defensas han sabido en todo momento de lo que se les acusaba y de qué tenían que defenderse».
Conclusiones
La representante del Ministerio Público se refería así a la modificación de sus conclusiones el pasado julio, cuando presentó un nuevo escrito en el que pide ocho años y medio de cárcel para Rato por estafa a inversores y falsedad contable. Pena sensiblemente superior a los cinco y seis años de prisión que solicita, respectivamente, para el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y el ex consejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella; mientras que el que fuera número dos de la entidad, el alcoyano Francisco Verdú, se enfrenta a entre seis y nueve meses de cárcel.
En la lista figuran otras diez personas, entre ellas exintegrantes de los comités de auditoría del grupo, como el valenciano Miguel Ángel Soria o el ex director de riesgos Ildefonso Sánchez Barcoj, así como el interventor del banco, Sergio Durá, y el socio auditor Francisco Celma. Aunque inicialmente les exoneraba, la Fiscalía ha perfilado a todos ellos como cooperadores necesarios de las presuntas irregularidades, las cuales cree acreditadas «de forma contundente» tras nueve meses de pruebas.
«Se ha demostrado la importantísima insuficiencia de los saneamientos, la deficiencia de información al mercado y la desaparición de la provisión genérica», indicó Launa, que insistió en que la entidad ofreció una imagen en el folleto de la salida a Bolsa que no se correspondía con la real. Planteadas las cuestiones procesales, desgranó con profusión cada uno de los indicios.
En opinión de la fiscal, los directivos de BFA-Bankia ocultaron la situación del grupo desde sus orígenes, finales de 2010 cuando se unieron Bancaja y Caja Madrid, entre otras, período en el que los acusados «sabían» que las coberturas de las que disponían «no eran las adecuadas» porque se basaban en cálculos sobre información disponible tres meses antes.
