Una veintena de entidades relacionadas con el mundo financiero tienen en su manos la decisión sobre la deuda de Feria Valencia y, en consecuencia, sobre su futuro. El nuevo modelo para esta institución hilvanado la pasada legislatura depende de un paso previo esencial: que la Generalitat se haga cargo de la deuda de la entidad ferial, situada en torno a los 500 millones. Sin embargo, la operación está bloqueada desde hace tiempo por Financial Services Authority (FSA), la aseguradora londinense que cubrió la operación clave para financiar la ampliación de Feria Valencia que está en el origen de la millonaria deuda: una emisión de bonos de 227,5 millones de euros y un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por importe de otros 97,5 millones.
FSA exige para autorizar el cambio de titularidad en el deudor -de la Feria a la Generalitat- que esta última realice una dotación de 80 millones para cubrir en una cuenta de reserva la cantidad que correspondería devolver a estas alturas y que se pignore la operación a su favor, es decir, que sea la primera en cobrar si hay problemas. Con serios problemas financieros, la conselleria de Hacienda se opone a esta exigencia porque entiende que la emisión tiene más garantías si está avalada por la Generalitat que por la Feria.
Así las cosas ha decidido que las espadas en alto las diluciden los inversores que suscribieron la mencionada operación. Las diversas fuente consultadas por este diario aseguran que se trata de dos decenas de entidades, todas ellas relacionadas con el sistema financiero, ya porque son bancos o aseguradoras. No hay ninguna empresa de otros sectores, aunque una cuarta parte son extranjeras.
Hacienda pretende que Feria Valencia, titular de la emisión, convoque una asamblea para este septiembre. Los plazos son muy ajustados, según otras fuentes consultadas, y dan por hecho de que se tendrá que retrasar por los trámites burocráticos que «hay que cumplir y que debe hacer la Generalitat y por los plazos posteriores de publicidad y convocatoria de la asamblea, que debe regirse por las normas de los mercados de valores». La asamblea no está convocada y dado lo anterior mucho deberán adelantarse los trámites para que no se demore al menos a octubre.
La Generalitat pretende en esa reunión que los bonistas aprueben la subrogacion de la deuda a la Generalitat y renuncien al seguro. En caso contrario, Feria Valencia tendría que ir a liquidación y sería obligatorio el vencimiento anticipado de la emisión, una losa para la administración autonómica aún mayor que el citado fondo de reserva, dado que solo ha hecho una provisión de 14,5 millones hasta la fecha y debería desembolsar 213.
Para los bonistas no sería en principio un buen negocio, dado que perderían el cobro de intereses, que son del 6,04 %. No obstante, conviene tener en cuenta que entre los inversores en esta emisión se encontrará sin duda, aunque no han trascendido nombres concretos, la mayor parte de los grandes bancos del país, todos ellos con gran vinculación con la Generalitat. Su reducido número y esa dependencia comercial podrían allanar el terreno. A Hacienda le urge celebrar la asamblea en septiembre para poder ejecutar lo que se decida en el tramo final de este año.
