Dos años ha tardado el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana en salir de la situación de quiebra técnica en la que se encontraba. La entidad, interlocutor directo en el sector ante las administraciones públicas como representante de las cinco corporaciones que existen en la autonomía, entró en patrimonio neto negativo en 2016 con un décifit de 78.024 euros. Un año más tarde, la cantidad se redujo, aunque siguió siendo negativa, en concreto hasta 44.501 euros. En 2018, la situación patrimonial se ha restablecido al cerrar con 28.914 euros, según la auditoría de las cuentas de esta corporación presidida por José Vicente Morata.
Dicho informe destaca que la desaparición de las cuotas obligatorias que abonaban las empresas y «las tensiones de tesorería debidas al retraso en recibir los pagos» de las actuaciones subvencionadas con dinero público a través de programas asignados a la Cámara de España, mermaron la situación financiera y patrimonial del consejo y le provocaron cuantiosas pérdidas.
No obstante, la entidad ha logrado revertir esta situación gracias a los beneficios obtenidos tanto en 2017 como en 2018. Si en el primero de esos dos ejercicios el consejo logró unas ganancias de 39.532 euros, en el segundo ha conseguido triplicar esta cifra y alcanzar los122.115 euros, según el mismo documento.
Los citados 28.914 euros son el resultado de sumar los 63.559 euros del fondos social, los 441.803 de la reservas que tiene la entidad, los mencionados 122.115 euros de ganancias en 2018 y los 173.140 euros de subvenciones y donaciones. A esta cifra hay que restarle los 771.704 euros que el consejo acumula de pérdidas de ejercicios anteriores.
El consejo tiene una abultada deuda con las cinco cámaras valencianas, concretamente de 1,93 millones de euros y en su mayoría procede de convenios ejecutados por las segundas y cuyo cobro procede del primero, que es el que firma los convenios con las administraciones. La deuda, sin embargo, era muy superior en 2017, dado que ascendía a 3,1 millones.
Préstamo
En relación con esto, el informe del auditor detalla que la Cámara de València, que preside también Morata, llegó el año pasado a un acuerdo de financiación con el consejo por un importe de 946.712 euros. Dicho pacto se ha materializado mediante la formalización de un contrato de préstamo mercantil entre ambas entidades por el que el importe financiado deberá ser devuelto en pagos anuales en un plazo de diez años, contados a partir del 31 de diciembre de 2018. El interés que abonará el consejo será del 1,91 % anual. El informe especifica que al cierre de 2018 el importe de la citada deuda a largo plazo ascendía a 859.896 euros y que el vencimiento del ejercicio 2019 subía a 86.816.
Por su parte, las cinco cámaras adeudan al consejo un total de 409.851 euros, más de la mitad de la cifra de 2017, cuando alcanzaba los 891.953 euros.
Por otro lado, la auditoría deja constancia de cómo la plantilla del consejo se ha incrementado en un año en solo un persona, al pasar de 18 a 19 empleados. La nueva incorporación es la de un técnico, que supone la categoría más amplia con doce trabajadores. Esta contratación ha elevado los gastos de personal de 897.257 a 945.867 euros.
