El de las energías renovables se ha convertido en uno de los sectores más pujantes de la economía española, hasta el punto de que la administración está observando con preocupación una acumulación de nuevos proyectos que amenaza con formar otra burbuja.
Red Eléctrica Española, la compañía que regula las conexiones de alta tensión en España, está tumbando cientos de solicitudes de instalaciones eólicas y sobre todo fotovoltaicas en España a las que se deniega el permiso bien porque no hay capacidad en el nudo solicitado, bien porque se pide acceso en una subestación no planificada. Hay más oferta que capacidad en la red.
En conjunto, es una potencia de 26.300 megavatios solicitada por empresas y rechazada por la administración. No es una cantidad cualquiera. Por ponerla en contexto, en estos momentos España tiene en servicio 23.477 megavatios de energía eólica y 5.130 de generación fotovoltaica. Los proyectos rechazados igualan la potencia renovable instalada en España.
Sin embargo, hay otros cientos de proyectos que sí que están recibiendo el visto bueno. Muchos de ellos en la Comunitat Valenciana. Tal como viene detallando Levante-EMV, el sector de la energía fotovoltaica está viviendo un auténtico boom de iniciativas protagonizado por compañías especializadas valencianas, pero también grupos internacionales y gigantes españoles como ACS o Iberdrola, que planean inversiones multimillonarias en megaplantas solares.
En estos momentos, según la información de Red Eléctrica actualizada a 30 de junio de 2019, la autonomía cuenta con 3.156 megavatios de potencia renovable en servicio.
De ellos, 1.317 pertenecen a la eólica, una energía que lleva años paralizada en la autonomía por la falta del recurso y la existencia de un plan de la Generalitat que ha frenado cualquier tentativa de nuevos operadores. De hecho, se espera que en unos meses esté operativo el que será el primer parque de aerogeneradores (en Cofrentes) puesto en marcha en una década.
Por su parte, la generación fotovoltaica solo tiene en servicio 500 megavatios en estos momentos. Es este tipo de tecnología el que está viviendo un auténtico boom en la C. Valenciana. Según constata Red Eléctrica, hay nada menos que 4.282 megavatios con la licencia preliminar ya concedida aunque aún no operativos, con su tramitación en distinta fase.
Además, existen otros 2.952 MW de fotovoltaica que a 30 de junio habían sido solicitados y a los que aún no se ha dado autorización. En total, los proyectos fotovoltaicos que están esperando en la puerta para entrar a la red suponen multiplicar casi por quince la potencia actualmente en servicio.
Abriendo el foco a todas las renovables (eólica, fotovoltaica, termosolar y otras tecnologías), ahora mismo en la C. Valenciana hay proyectos con licencia o con la solicitud en marcha equivalentes a ocho nucleares como Cofrentes (9.257 MW, incluyendo la eólica).
Frenar intereses especulativos
¿Qué está ocurriendo? El fin de las nucleares decretado para 2030, con el objetivo de que el 74% de la energía producida sea 'verde', unido al abaratamiento de la tecnología, ha desatado una carrera por posicionarse en una industria que tiene limitada la capacidad para asumir tanta oferta nueva.
No hay puntos de acceso para enchufarse a la red para todos y muchos operadores temen que haya quien esté tomando posiciones para bloquear el paso a la competencia. En la C. Valenciana, diez operadores han presentado a la vez propuestas de parques fotovoltaicos en las mismas zonas y REE no tiene capacidad para atender todas las conexiones.
La Generalitat, de hecho, también quiere frenar los intereses especulativos, y exige que el Gobierno pida a los promotores garantías tan básicas como la disposición de los terrenos o plazos de ejecución de los proyectos antes de dar luz verde.
Ante la avalancha de nuevos proyectos, Red Eléctrica ha tumbado aproximadamente uno de cada tres nuevos megavatios de generación renovable que se habían solicitado. Solo con las licencias ya concedidas y que no están operativas, estarían cubiertos de sobra los 50.000 megavatios 'verdes' que el Gobierno quería desplegar de aquí a 2030.
