Pasado el verano, las empresas concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la C. Valenciana vuelven a la carga, retomando un conflicto con la administración que va a ser, sin duda, una de las patatas calientes de la Conselleria de Economía esta legislatura. La patronal que agrupa a estas empresas y el equipo del conseller Rafa Climent tienen previsto reunirse esta semana para abordar el escenario al que se enfrentan hasta 2023.
Como ya es sabido y recordó ayer el propio Climent, el Govern del Botànic ha tomado la decisión de recuperar la gestión de este servicio público, que fue privatizado hace dos décadas por el Consell de Eduardo Zaplana.
Habrá reversión al finalizar la concesión, aunque no rescate anticipado. Así, a partir del 1 de enero de 2023 el servicio volverá a depender de la Generalitat, y no de las empresas que hoy gestionan los siete lotes en que se dividió la autonomía. No será un final pacífico: el final de la relación tendrá los tribunales como escenario.
Según señalan desde la asociación Aecova, las ITV ya han iniciado los trámites para denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana la última bajada de tarifas, de mayo pasado. Cabe recordar que el tribunal ya anuló en 2017 una bajada de precios previa, la de 2014, al entender que no estuvo bien justificada.
Sin embargo, no fue hasta este pasado 10 de mayo cuando la Generalitat aplicó aquella sentencia. Pero no recuperó los precios anteriores, sino que aprobó un nuevo cuadro tarifario más económicos aún que los de 2014.
Las ITV entienden que, además de dejar los precios al nivel de hace 15 años, un tiempo en que el nivel de vida (costes de operación o el IPC) ha subido un 31%, la Dirección General de Industria «vuelve a cometer gravísimos errores de cálculo» para fijar el nuevo marco tarifario. En concreto, si la conselleria atribuye a las empresas un ingreso medio ponderado de 43,59 euros, en opinión de las ITV es de 33,79 euros.
Esta diferencia de opiniones, de casi 10 euros por cada inspección, beneficia claramente al consumidor, pero podría terminar repercutiendo por otra vía en el bolsillo de los ciudadanos. Según anuncia la patronal, ese «error de cálculo» supone una reducción de ingresos millonaria para las concesionarias, «superior a los 20 millones al año», que las empresas van a reclamar por la vía judicial.
Hay que destacar que este pleito se une a otros litigios. Las empresas, como adelantó Levante-EMV, presentaron este año a la Generalitat una reclamación patrimonial de 64,6 millones, que es el dinero que habían dejado de ingresar desde que en 2014 se aprobaron las tarifas que posteriormente fueron anuladas. La patronal ha actualizado el cálculo y ha presentado estos días en la conselleria una reclamación patrimonial a la administración de alrededor de 80 millones de euros.
Esta petición, con toda seguridad, va a ser denegada por Climent. La Abogacía de la Generalitat, a consultas de la conselleria, ya emitió un informe en el que exoneraba a la administración de tener que pagar una compensación a las empresas. Entendía que no tenían derecho al no ser firme la sentencia. El asunto, con toda seguridad, terminará también en la justicia.
