Problemas de financiación, exceso de recursos, conciencia redistributiva o liberalismo a ultranza. Cada una de estas posibilidades puede explicar el diferente comportamiento de las autonomías a la hora de establecer la cuantía de las rentas mínimas, esas ayudas públicas que buscan asegurar un volumen de ingresos básicos para los ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social, un grupo del que no quedan excluidos algunos pensionistas, perceptores de ciertas prestaciones sociales e incluso trabajadores en condiciones precarias. En ese mundo, la Comunitat Valenciana es la autonomía donde se abona una menor cuantía de estas ayudas. En concreto, 388,5 euros al mes a cada uno de los 21.387 titulares de estas prestaciones. Solo peor se encuentra la ciudad autónoma de Ceuta, con 300. Muy por delante está la media nacional, que alcanza los 460,5 euros.
Los datos corresponden a un estudio que acaba de publicar la Fundación de la Cajas de Ahorros (Funcas), un monográfico sobre la pobreza y las rentas mínimas en 2017 en el que revela cómo en el conjunto de España el número de perceptores de estas ayudas se ha triplicado desde el inicio de la crisis, al pasar de 103.071 en 2007 a 313.291 en 2017. Se trata de los titulares de las ayudas, porque, sumados los 465.908 dependientes de estos últimos, la cifra final de beneficiarios se sitúa en los 779.199. En el caso valenciano, esta última cifra asciende a 51.312, de los cuales 29.925 dependen de los 21.387 titulares. Las diferencias entre autonomías son abismales. El ejemplo más claro es el País Vasco, que reparte 672 euros por persona y mes. Su número de beneficiarios, con 2,2 millones de habitantes, es de 142.029, la cifra más alta de España, muy superior a los 102.680 de la autonomía más poblada, con 8,3 millones, que es Andalucía. En este caso, percibe renta mínimas el 1,2 % de sus habitantes. En la Comunitat Valenciana, solo el 1 %. En el País Vasco, el 6,4 %.
La capacidad financiera de una autonomía determina sus posibilidades a la hora de repartir la riqueza. De hecho, la otra zona con concierto económico, Navarra, es la segunda que más reparte, con 600 euros. Las diferencias entre regiones radica en que cada una de ellas diseña su política de rentas mínimas en función de sus recursos y sus prioridades. Unas optan por garantizar un porcentaje del salario mínimo, como el País Vasco, con un 88 % del mismo, y otras toman en consideración el Iprem, el indicador que se utiliza en España para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. En el caso valenciano, tan necesitada la región de un nuevo modelo de financiación, se queda en el 62 % de este índice. Otras zonas actúan a discreción a través de sus presupuestos.
Madrid, la tercera autonomía más poblada con 6,6 millones y gobernada por el PP más liberal desde hace 24 años, solo da rentas mínimas al 1,7 % de su población. 400 euros pese a ser de las más ricas. Extremadura, que tiene la mayor tasa de pobreza -un 37,6 %, superior al 26 % valenciano o el 21,5 % nacional- pero redistribuye mucho desde su potente sector público, ayuda a 16.853 ciudadanos, el 1,5 % del total, con 430,3 euros.
