La nueva normativa europea sobre sistemas de pago también refuerza notablemente los derechos de los consumidores ante los posibles fraudes que puedan cometerse con sus tarjetas o con sus datos y carga la responsabilidad de evitar que esto ocurra en las entidades, como explica el director del departamento de Tecnología de iAhorro, Gonzalo Benito. Así, reduce de 150 a 50 euros la pérdida máxima que deberá asumir el cliente en estos casos. Del mismo modo, los usuarios también tendrán derecho a rechazar o a exigir el reembolso cuando algún establecimiento cobre alguna cantidad para la que el cliente no ha dado su consentimiento específico, por lo que se acaba con los pagos por conceptos ocultos.
Otra de las novedades es la prohibición de aplicar un recargo por el cobro con tarjeta, como hacían algunas aerolíneas, aunque esta práctica ya estaba prohibida en España si se trataba de usuarios consumidores. Además, la regulación de los servicios de iniciación de pagos, que permitirá a un comercio cobrar directamente una factura de la cuenta del consumidor, permitirán la aparición de nuevos operadores y rebajar la factura de los servicios financieros, según Benito.
Registro público
En la misma línea y para evitar nuevos problemas, la directiva establece la creación de un registro público con todas las instituciones de pago autorizadas -incluidos los nuevos servicios de iniciación de pagos-, por lo que pasarán a estar supervisados por el Banco de España. Así, en caso de duda sobre la fiabilidad de alguno de ellos, el cliente podrá consultar si está inscrito en este listado y, por tanto, cumple con todas las garantías de seguridad.
La directiva europea PSD2 armoniza el mercado europeo de pagos electrónicos para facilitar los intercambios, al tiempo que trata de poner fin a los casos de fraude y refuerza los derechos de los consumidores.
