Los productores valencianos de uva para elaborar cava tildan de «maniobra política» la decisión del Ministerio de Agricultura de ceder la regulación del sector del cava al consejo regulador de la Denominación de Origen de España -controlado por grandes bodegas de Cataluña y con cuartel general en el Penedés- dando así la facultad de limitar las plantaciones de viñedo. Tanto las organizaciones agrarias como la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena sostienen en declaraciones a Levante-EMV que la decisión del Gobierno central, sin consulta previa con el sector de otras zonas productoras de España como Requena y Almendralejo (Extremadura), resulta un tanto «arbitraria» y puede perjudicar sus intereses económicos en las próximas campañas y en su modelo de negocio a largo plazo.
Requena comercializa algo más de 8 millones de botellas de cava por temporada, aglutina un millar de agricultores productores de uva (las cotizaciones en origen son superiores a las del resto de vinos, aunque esta campaña se han desplomado) y produce entre 12 y 13 millones de litros, de los que se comercializan 8 y el resto se vende como vino base, a granel, a otros territorios de cava. Según el secretario de la sectorial del vino de AVA-Asaja, José Luis Robredo, la decisión del ministerio de Luis Planas «deja en entredicho el futuro del sector de Requena ya que será la DO del Cava, con sus decisiones vinculantes, la que decida si podemos plantar o no nuevas cepas de viñedo en nuestro territorio». Robredo recuerda que el consejo regulador con sede en Villafranca del Penedès «ya vetó el año pasado nuevas autorizaciones y tuvo que intervenir el Gobierno central para atender las solicitudes que ya estaban en marcha».
Decisiones vinculantes
De las 36.110 hectáreas inscritas en España en la Denominación de Origen Protegida Cava, 3.136 pertenecen a Requena, donde el 15 % de la superficie de viña se dedica a cava. El Ministerio fijó en 2018 en 4.950 hectáreas la superficie que se podrá autorizar para las solicitudes de nuevas plantaciones de viñedo en España; es decir, tan solo el 0,52% de la extensión actual
Luis Javier Navarro, responsable de la sectorial de viticultura de la Unió de Llauradors, también considera que «sería mejor que un organismo público como el Ministerio de Agricultura tomara las decisiones vinculantes sobre nuevas plantaciones en lugar de ceder el control al consejo regulador de la DO del Cava».
En ese sentido lamenta la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes de aprobar un Real Decreto que deja en manos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Cava la facultad de limitar las plantaciones. Esta era una reivindicación histórica de este organismo en un momento de caída de los precios que se pagan por las uvas y por el vino base cava. «Apostábamos porque fuera el ministerio quien regulara el sector», destacó Luis Javier Navarro. La Unión de Uniones, organización a la que pertenece la Unió de Llauradors, tiene previsto analizar esta situación. Y reconoce que «quien marca la expansión del viñedo para cava son más los precios que la regulación del sector».
Mientras tanto, Emilio Expósito, presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, que agrupa a siete bodegas, advierte de que «sería mejor que el poder de decisión lo mantuviera el Gobierno». Las empresas valencianas no tienen representación en la DO del Cava. «Esperamos que se tomen decisiones sensatas y razonables. Nosotros somos pequeños y poco podemos influir», agrega. En su opinión, «es bueno que pueda regularse producción y venta. Esperemos que las decisiones no nos perjudiquen y se atienda las necesidades del mercado», concluye.
