El director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, anunció ayer que la cooperativa de crédito va a realizar este año una ampliación de capital de seis millones de euros, que en su mayoría estará suscrita por empresas. En concreto, 3,5 millones irán a un tramo destinado a mercantiles, un millón a cooperativas y el millón y medio restante a trabajadores y particulares. «Necesitamos capital», aseguró Ortí ayer en la presentación de un estudio sobre «Factores dinamizadores de la Comunitat Valenciana como plaza financiera». Aunque la entidad tiene una ratio de solvencia del 14 %, casi tres puntos por encima del mínimo exigido, el contexto financiero es muy complejo con los márgenes de intereses por los suelos y una recesión que parece asomarse por el horizonte.

En los últimos tiempos, Caixa Popular ha abierto su capital a otros actores más allá de los empleados y las cooperativas que tradicionalmente han sido sus socios. En la actualidad, 32 empresas -doce de ellas desde principios de 2019- han invertido en la entidad, con cantidades que oscilan entre los 50.000 y los 300.000 euros. Asimismo, hay 270 particulares -no trabajadores, pero sí familiares de estos o personas vinculadas a la cooperativa- que han invertido entre 15.000 y 60.000 euros. La remuneración está en el 3 % y cada año se abre una ventana para vender los títulos.

Ortí precisó que a pesar del difícil contexto financiero, Caixa Popular prevé llegar este año a las 75 oficinas tras las aperturas en Tavernes y Villena y proyecta otras 3 inauguraciones en 2020: una en L'Eliana, otra en un local dejado libre por CaixaBank en València ciudad y otro del que fue propietario la Caja de Castilla-La Mancha. Asimismo, apuntó que la cooperativa ha bajado al 0,9 % el interés que cobra por el pago fraccionado con tarjetas.

Por su parte, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, anunció que la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, que él mismo preside, ultima una venta de activos que permitirá a la entidad avalista reducir su deuda bancaria a 17 millones de euros.

Illueca explicó que los activos que se van a vender constituyen «una cartera importante», pero no quiso precisar el número de los mismos ni el importe global. Sí adelantó que la liquidez que conlleve esa operación permitirá reducir de forma considerable la deuda bancaria, que alcanzó los 400 millones en el exitoso intento de impedir la desaparición de la sociedad avalista y que a estas alturas está en 100 millones.

Aunque la venta de activos improductivos permitirá reducir la deuda con las entidades financieras a 17 millones, Illueca precisó que la operación no es por el importe restante, es decir 83 millones, dado que «hay medidas» complementarias. El director del IVF añadió que los activos adjudicados que le quedan a la SGR están en su inmensa mayoría «provisionados y, por tanto, no nos generarán pérdidas».