El proyecto de subestación eléctrica que el recinto del Grao quiere construir en sus instalaciones para reducir las emisiones nocivas de los buques de mercancías y cruceros que escalen en sus muelles, con una potencia de 40 MW y cuya inversión supera los 8 millones de euros con cargo a los presupuestos de la Autoridad Portuaria de València (APV), duerme en el sueño de los justos. Tras quince meses de tramitación administrativa del expediente en la Conselleria de Economía y que incluye la construcción del edificio y el tendido eléctrico continúa su lento procedimiento administrativo en el servicio territorial de Industria y Energía de València, dependiente de la conselleria gobernada por el Rafael Climent.

La subestación eléctrica, tal como planifican otros emplazamientos de la competencia como el de Barcelona, es clave para los objetivos de Valenciaport con vistas a reducir emisiones de dióxido de azufre (SO2) y también óxidos de nitrógeno (NOx) y cumplir así su compromiso de llegar a ser autosuficiente en materia energética a partir del año 2025. La APV dice quiere apostar por energías renovables.

En ese sentido, la construcción de la citada subestación eléctrica servirá para que los buques paren sus motores y se conecten a la red durante sus escalas en el recinto marítimo, lo que podrá disminuir considerablemente las emisiones de los mencionados gases contaminantes. Esta nueva infraestructura, cuya licitación estaba prevista para el último trimestre de 2019, se realizará en dos etapas y su ubicación está próxima a la salida sur (V-30), en la actual área de servicios y aparcamiento de camiones.

Con todo, el pasado 15 de mayo la conselleria recibió una alegación de la asociación ciudadana Per l`Horta . Esta entidad sostiene que el proyecto de subestación eléctrica de la APV, que incluye una nueva línea de alta tensión, «no reune los requisitos de factibilidad legal esencial para acceder a la necesaria autorización administrativa (y declaración de utilidad pública) ni concurren los casos previstos que habilitan que se haga efectiva». Argumenta que la instalación eléctrica promovida por la Autoridad Portuaria es conexión y línea eléctrica derivada de una precedente no autorizada, por afectar a huerta protegida. Per l'Horta se refiere a la línea Font de Sant Lluís-La Punta-Grao. El TSJ de la C. Valenciana atendió el recurso de la Associació de Veïns de la Punta «La Unificadora» al considerarla fuera de la legalidad.

Quince meses en tramitación

Fuentes de la Conselleria de Economía consideran que el expediente «sigue su tramitación habitual» y restan importancia al hecho de que el proyecto de construcción de la subestación entrara en la ventanilla de esta administración pública en julio de 2018.

Mientras tanto, la Autoridad Portuaria de València ya ha contestado a la alegación formulada por el colectivo Per l'Horta y que le fue notificada a finales del pasado mes de septiembre. La APV califica de «buenas relaciones» su trato con la conselleria, si bien muestra su «sorpresa por la lentitud». Dice que también presentó en su día las memorias medioambientales sobre el impacto que pueda tener el trazado de la línea eléctrica al Ayuntamiento, ADIF e Iberdrola.