Jorge Alonso Bonafont renegocia las cargas de su empresa logística con las entidades financieras. El presidente y consejero delegado del conglomerado familiar valenciano Grupo Alonso (fundado por su padre) ha formalizado un crédito sindicado con varios bancos con vencimiento final en 2025. El importe máximo de la citada operación asciende a 97,41 millones de euros, según consta en la memoria consolidada del ejercicio 2018 de la sociedad cabecera del grupo, Eurotransac, depositada en el registro mercantil. La financiación incluye un préstamo con varios tramos (por 90,4 millones hasta 2025) y un crédito revolving, disponible durante un tiempo determinado por importe máximo de siete millones. El límite de este crédito se rebajará o disminuirá en la medida en que Alonso lo utilice y se restablecerá conforme haga pagos para restituirlo.
Garantías
El grupo explica en sus cuentas que «como parte de las garantías otorgadas en esta financiación se constituyó una prenda sobre las participaciones de la sociedad dominante en Operinter Holding, así como las promesas de hipoteca inmobiliarias sobre determinados inmuebles».
¿Qué fin tiene este crédito sindicado por el que el grupo ha tenido que pagar una comisión de apertura de 1,04 millones? Cancelar deuda antigua y sustituirla por nueva, por más importe y a más plazo. El tipo de interés pactado es, en general, el Euribor más un diferencial de mercado.
La propia empresa lo admite así. «Como resultado de la formalización de dicho contrato de financiación, durante el ejercicio 2018 ha cancelado la totalidad de la deuda con entidades de crédito a la fecha de formalización del mismo, que ascendía en el momento de la cancelación a 38,42 millones de euros».
Refinanciar las deudas no es gratis y no solo por la citada comisión de apertura del préstamo. Los bancos obligan a las empresas a cumplir una serie de obligaciones formales al suscribir préstamos sindicados. En este caso, Eurotransac está obligada al «suministro de determinada información financiera y al cumplimiento de varios indicadores financieros (o ratios) durante la vigencia» del préstamo.
La compañía explica en sus cuentas consolidadas que las ratios «no se cumplían en su totalidad al cierre del ejercicio 2018». Por este motivo, ha tenido que registrar esta deuda como exigible a corto plazo (menos de un año) por un importe de 82,6 millones de euros. De esta forma, si los bancos acreedores le pidieran que afrontaran el pago de este importe a corto plazo, el grupo tendría dificultades para atenderlos y para garantizar la continuidad de sus operaciones.
No obstante, la empresa explica que esta última posibilidad es remota «teniendo en cuenta que han obtenido de las entidades financieras una confirmación de no exigibilidad en el corto plazo de la deuda bancaria con fecha 28 de junio de 2019». Es decir, le han dado más tiempo y no le pedirán que pague a corto plazo todo ese exigible, según explica en la memoria.
