La dirección general de Industria, Energía y Minas de la Conselleria de Economía Sostenible, encargada de tramitar el expediente del proyecto de subestación eléctrica que presentó la Autoridad Portuaria de València (APV) el pasado 11 de julio de 2018 para reducir la emisión de humos de los buques que escalan en el recinto del Grao, atribuye el atasco de los permisos de esta infraestructura a la «complejidad administrativa». La instalación proyectada por la APV, bloqueada desde hace quince meses en la conselleria, se reactiva ahora y contempla una inversión de 8 millones de euros, 40 MW de potencia y servirá para que los barcos que escalen en el recinto del Grao paren motores y se conecten a la red durante sus paradas en los muelles y contribuyan así a reducir la emisiones de gases.
Según la conselleria de Rafael Climent, cuya dirección general de Energía, Industria y Minas, está en manos en Empar Martínez, una de las cosas que dicha administración ha hecho para «agilizar» el procedimiento es «no duplicar envíos y remitirlos directamente a los centros que correspondan». En ese sentido, fuentes de la conselleria indican que al proyecto de subestación eléctrica prevista por Valenciaport se ha dado la máxima prioridad, descarta intención de bloqueo, «pero a veces las voluntades políticas no son suficientes para acelerar un proceso administrativo tan complejo y farragoso».
La conselleria describe 22 trámites del expediente desde su presentación en ventanilla pública (11 de julio de 2018) hasta las respuestas de la APV y el envío del expediente a Medio Ambiente (2 de octubre de 2019; es decir, ayer).
«Faltan detalles»
Durante la fase inicial de tramitación de las autorizaciones, requeridas a la entidad presidida por Aurelio Martínez para construir la subestación eléctrica, la conselleria detectó algunas anomalías en el requerimiento de información realizado desde el servicio territorial de Industria. Esa situación fue advertida el 5 de noviembre de 2018. En esa comunicación, entre otras cuestiones, señala que la instalación está sometida a Evaluación de Impacto Ambiental y «no se ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental conforme se establece en la Ley 21/2013 y el Decreto 162/1990. Destaca que en la hoja resumen había «al menos un error» al indicarse que hay una línea aérea de electricidad de 694 metros cuando el proyecto va en subterráneo. Y que faltan «detalles de los cruzamientos con redes de abastecimientos, saneamiento y semáforos (...) y que «no tiene constancia del pago de las tasas».
Ya en enero de 2019 indicó a la APV y a Medio Ambiente que se tramita la información pública del Estudio de Impacto Ambiental «con el fin de agilizar trámites» y que envió separatas de este proyecto a Medio Ambiente, Iberdrola, Ayuntamiento de València y Adif. El 15 de mayo, tal como avanzó este diario, llegó la alegación de la asociación Per l'Horta, que propone la paralización de la subestación. En septiembre, Medio Ambiente solicitó nuevas aclaraciones sobre el expediente. «En definitiva, este sigue su curso, proceloso intrínsecamente, por las garantías que el ordenamiento jurídico requiere».
La APV pretendía licitar las obras de estalación en el último trimestre de 2019, si bien hasta ahora parecía complicado ese objetivo.
