El contrato de los aviones para la extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana continuará al menos un año más en manos de compañías bajo investigación judicial. La unión temporal de empresas formada por las empresas andaluzas Martínez Ridao y Faasa (rebautizada recientemente como Pegasus) ha vuelto a llevarse el contrato, preadjudicado este pasado 24 de septiembre y que ya ganaron en 2017. Entre el próximo 1 de noviembre y el 31 de octubre de 2020, las dos empresas serán responsables del dispositivo para la extinción por 5,89 millones, contrato de un año prorrogable por cuatro años más.
Martínez Ridao y Faasa (ahora Pegasus) son dos de las empresas que aparecen en las diligencias de la causa del cártel del fuego, el grupo de compañías investigadas por la Audiencia Nacional por pactar precios e influir en el valor final de los contratos públicos relacionados con la extinción de incendios forestales.
Las investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción instruida inicialmente por un juzgado de Sagunt. Según consta en el sumario, los integrantes de la trama se habrían repartido todos los concursos públicos de España, Italia o Portugal pactando precios y dividiéndose el mercado. Lo conseguían sobornando a multitud de cargos públicos del país con cacerías en cotos privados o regalos por Navidad, según los informes policiales incluidos en la causa.
El presunto fraude supera los 100 millones de euros y el sumario ha constatado cómo determinadas empresas del sector de extinción de incendios forestales, entre las que se incluyen Martínez Ridao y Faasa, crearon esta red. No se pisaban el negocio el uno al otro e incluso redactaban actas de las reuniones que celebraban. También presentaban ofertas cebo para controlar los precios e influir en la adjudicación final.
Se investigan los presuntos delitos de cohecho, delito fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y alteración de precios en concursos y subastas públicas, éste último castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses. Entre los investigados por estos hechos figuran el exconseller y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, y el actual coordinador contra incendios de la Generalitat, Vicente Boscá.
Hasta que no haya sentencia firme, la Administración no puede hacer nada para evitar contratar con las empresas relacionadas con el cártel, pues si excluye sus ofertas sin una resolución judicial la Generalitat se enfrentaría a un delito de prevaricación.
En esta ocasión, como ha ocurrido en las últimas décadas, al concurso de aviones solo se ha presentado una única oferta, la de estas dos empresas en UTE. El actual Consell, desde que cambió el gobierno valenciano en 2015, está tratando de aumentar la concurrencia con diferentes medidas, como dividir el contrato en lotes para que las ofertas tuvieran rebajas y la administración lograra ahorros. No ha sido el caso. La oferta presentada a los tres lotes apenas presenta un descuento del 3%, según el anuncio de adjudicación.
Avialsa
Esta unión temporal de empresas heredó el contrato que durante décadas desarrolló la valenciana Avialsa, otra de las empresas investigadas y que también tiene la exclusiva de comercialización del avión Air Tractor. Avialsa, precisamente, vendió a estas dos empresas 15 aparatos poco antes de aquella adjudicación de 2017, lo que le dio las garantías técnicas para ganar el concurso.
La Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias, en su afán por evitar comportamientos anticompetitivos, contempla incluso abrir los concursos a otras tecnologías diferentes a los Air Tractor, que, pese a la polémica, gozan de gran consideración entre los técnicos de todas las administraciones.
De hecho, este contrato estaba previsto inicialmente para tres años, y a mitad de proceso se modificó el expediente para dejarlo en uno. La idea de Emergencias es tener la posibilidad de poder replantearse «las características técnicas o el modelo de medios aéreos» si aparecieran alternativas fiables y más baratas a corto plazo. Sin ir más lejos, otra empresa valenciana como Plysa, ligada a Air Nostrum, está trabajando ya en la extinción de incendios en Galicia con un modelo de aeronave (Thrush) hasta ahora desconocido en el mercado español.
En esta línea, el Consell contempla poner en marcha en próximas fechas un contrato a modo de prueba piloto para testar en los montes valencianos estas nuevas tecnologías durante el próximo verano.
