Los máximos responsables en España de MSC, la multinacional que opta a la construcción y gestión de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València, se reunieron ayer con el alcalde, Joan Ribó,para abordar la situación del proyecto, que supondrá una inversión millonaria para la ciudad y que el ayuntamiento quiere frenar al entender que debe someterse a una nueva declaración de impacto ambiental (DIA).

Tras la reunión, el director general de MSC España, Francisco Lorente, que acudió al encuentro con el consejero delegado de MSC en València, Nacho Ballester, mostró su apoyo al acceso norte ferroviario, alternativa al túnel submarino para camiones previsto por la APV que defiende también el alcalde. «Ambos compartimos la idea de que el acceso norte debe ser ferroviario en todo o en gran parte», destacó Ribó tras el encuentro. Lorente, por su parte, aseguró que la solución ferroviaria «nos permitiría ser más ecológicos y minimizar costes».

La naviera y principal cliente del puerto de Valencia, que hace unos años adquirió el operador ferroviario público luso CP Carga a través de MSC Rail, negocia ahora con Renfe y Adif la conexión del ferrocarril luso con España, explicó Lorente.

En relación al riesgo de que la ciudad pierda la inversión y MSC acabe por marcharse a otra ciudad si finalmente se debe someter la obra portuaria a nueva DIA, Lorente aseguró que su compañía quiere que el proyecto «salga por la puerta grande y con todos los avales», si bien admitió que si se demora en exceso, la inversión verse estar comprometida. De hecho, admitió, MSC ya ha recibido ofertas de otras ciudades para llevarse la inversión a otros puertos, como podría ser Barcelona. Lorente confió en «acortar al máximo los tiempos» para «que se produzca la inversión y no haya un desanimo por el puerto de València».

«Consideramos que se debe aclarar si el DIA de la ampliación norte [aprobada en 2007 ] tiene vigencia y si no la tiene nos someteremos a los que diga Medio Ambiente», destacó el responsable de MSC. Ribó, por su parte, apuntó que la DIA podría resolverse en 30 meses y no dilatar excesivamente los plazos. Lorente dejó ver, ayer no obstante, que si los trámites en el Ministerio de Medio Ambiente, cuyos responsables analizan ahora si el proyecto del puerto varía «sustancialmente» sobre el previsto inicialmente, se alargan demasiado la inversión podría irse para otra ciudad. «Todas las inversiones corren riesgo, pero vamos a trabajar por que se hagan las cosas bien, pero si tuviera un tiempo indefinido evidentemente zozobra la inversión». «Todas las empresas recibimos ofertas alternativas de diferentes puertos que quieren tener un gran hub dentro de sus puertos». «Claro que las hay» (las presiones de otras ciudades), remachó.