El problema judicial provocado a la Generalitat por el megacentro comercial y de ocio, Puerto Mediterráneo, se ha convertido también en un problema político. Socialistas, Compromís y Unides Podem, las tres patas del Consell del Botànic exhibieron ayer su absoluta disparidad de criterio sobre la sentencia emitida hace unos días por el Tribunal Superior de Justicia y que tumba el rechazo del Consell a la denegación de este enclave comercial proyectado en Paterna.
El portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata, puso ayer voz al malestar que, hasta ahora en privado, habían manifestado altos dirigentes en el partido y el Consell. El diputado admitió sin ambages que el informe ambiental que liquidó el proyecto en 2016 es «un error», y deslizó que la presión de Compromís, que dirige la Conselleria de Medio Ambiente, bordea la legalidad: «Siempre dijimos a nuestros socios que no era una cuestión de voluntarismo», para agregar que no se pueden «forzar las leyes, están para cumplirlas».
Los socialistas, a tenor de las reflexiones de su portavoz parlamentario, asumen el contenido del fallo. Las suyas no fueron las palabras de quién defiende la gestión de su gobierno. No es una cuestión menor. En estos momentos el Consell mantiene un debate interno sobre si recurrir o no la sentencia. Es decir, sobre si retomar la tramitación del proyecto en su fase final y volver a emitir la evaluación ambiental; o acudir al Supremo para tratar de conseguir un carpetazo definitivo al proyecto o al menos dilatarlo.
Cabe recordar que la sentencia del TSJ señala que la memoria ambiental no era consistente, ni ajustada a derecho, y que el órgano que la emitió se extralimitó en sus competencias. Básicamente, porque no debió emitir un dictamen negativo y dar carpetazo a la tramitación, sino señalar las medidas necesarias para paliar los impactos negativos del megaproyecto.
Los socialistas parecen dispuestos a asumir el fallo sin más: «Parece que el TSJ dice que [Puerto Mediterráneo] reúne los requisitos, es una cuestión en la que cometieron un error porque no se podían forzar las leyes, están para cumplirlas». «Al final, una parte de la administración ve que había que forzar unos requisitos y el TSJ ha dicho que no. Yo creo que esto seguirá su evolución natural», anticipó Mata.
El diputado insistió en el discurso de la seguridad jurídica para los proyectos de inversión que quieran instalarse en la C. Valenciana: «Son bienvenidas todas las empresas que se quieren instalar en la C. Valenciana, pero tienen que cumplir la ley y ahora nos dicen que cumplía la ley». Si un centro comercial se quiere instalar y reúne los requisitos, señala, debe seguir su curso «le guste más o menos a cualquiera». De momento, agrega Mata, el TSJ dice que ese informe que ponía determinadas condiciones no es válido y ahora «seguirá su tramitación», da por hecho el portavoz.
Está claro que el asunto divide a los socios del Botànic. Otro frente dentro del Consell, como el diseño de los presupuestos, la tasa turística o la ampliación del puerto. De momento, nadie del Consell ha dado una respuesta definitiva a lo que se hará. Se deja la decisión del recurso a la Abogacía, sobre todo en este delicado periodo preelectoral.
Mientras tanto, tanto Compromís como Unides Podem mantienen la presión contra el proyecto, emblema de un modelo de grandes superficies que rechazan. «Ya veremos hasta dónde llega [el proyecto], había incumplimientos que las siguientes versiones de este mismo proyecto siguen teniendo; no se han solventado problemas ambientales, de afección a carreteras, en las nuevas versiones», apunta el diputado de Compromís Juan Ponce. «Esto no va a ningún lado y no es más que mantener vivo un proyecto especulativo», añade, al tiempo que defiende la memoria ambiental cuestionada por el TSJ.
Por su parte, el diputado de Unides Podem Ferran Martínez reclama el recurso del Ejecutivo: «Hay margen para que el Consell continúe parando un proyecto que podría ser devastador para el paraje de La Mola y para todo el comercio local de l'Horta».
