La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación sobre los nueve millones de euros en ayudas públicas que el Gobierno de la Comunitat Valenciana pretende conceder a la aerolínea Air Nostrum para renovar su flota con aviones más sostenibles y eficientes. En concreto, Bruselas pretende determinar si el plan de la Generalitat viola o cumple la normativa en materia de ayudas estatales de la Unión Europea.

En noviembre de 2017 se anunciaba la concesión de una ayuda directa de tres millones por parte de la Generalitat a la aerolínea valenciana Air Nostrum. Lo hacía prácticamente un año después de que el presidente anunciara una convenio de comarketing para promoción de la Comunitat Valenciana.

Fuentes de Air Nostrum aseguraron que "este convenio está relacionado con el plan de renovación de flota que está llevando a cabo Air Nostrum, y que implica la sustitución de aviones antiguos por aeronaves de nueva generación más eficientes tecnológica y medioambientalmente".

Según la aerolínea que preside Bertomeu, "el Banco Europeo de Inversiones ya respaldó este proyecto en julio de 2017, aprobando líneas de crédito para Air Nostrum basadas en la reducción de las emisiones de C02 y el menor consumo de carburante de los nuevos aviones CRJ1000 que están sustituyendo progresivamente a los CRJ200 y CRJ900 en la flota de Air Nostrum".

La Conselleria de Hacienda, a través de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico, aprobó el convenio a través de una línea presupestaria. De hecho, la descripción del convenio se desvincula del objeto inicial: «Colaboración con Air Nostrum para apoyar un proyecto estratégico de carácter sostenible en el sector aéreo que redunde en el bienestar de la población de la C. Valenciana».

En 2016 Air Nostrum anunciaba que se recuperaba el deseado vuelo Valencia-Barcelona, lo que disparó las suspicacias en el sector, y las críticas abiertas de operadores como Ryanair, ante lo que entendía una ayuda directa.

Pasaron los meses y las dudas jurídicas que despertaba el formato en la Conselleria de Hacienda mantuvieron bloqueada la formalización de ese convenio de comarketing, que se iba a realizar a través de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV). Todo apuntaba a que tendría que haber un concurso.

El Partido Popular se mostró crítico entonces con el anuncio, y altos cargos de Ryanair amagaron con acudir a los tribunales si se sustanciaba este contrato.