El proyecto de centro comercial en Paterna Puerto Mediterráneo, bloqueado por el Consell, tendrá que esperar algo más de lo previsto, pese a que el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón en su disputa con la Generalitat, a la que obliga a evaluarlo de nuevo.
El Ayuntamiento de Manises, liderado por Compromís y que está personado en este procedimiento contencioso administrativo, va a recurrir ante el Supremo el fallo del pasado 8 de octubre que anula la denegación del plan urbanístico que firmó la Generalitat el 10 de octubre de 2016.
Esa sentencia, crítica con el trabajo de la Comisión de Evaluación Ambiental que tumbó el proyecto y con los informes técnicos en los que se basó dicha negativa, ha abierto un nuevo debate dentro del Consell. Básicamente, Compromís y Unides Podem son partidarios de recurrir la sentencia para tratar de frenar, o al menos dilatar, este controvertido proyecto, que tras el fallo del TSJ vuelve a ver cercana la posibilidad de lograr licencia. Por contra, desde el PSPV, visiblemente incómodos con una decisión del tribunal que da argumentos a quienes acusan al Consell de no propiciar la seguridad jurídica, no parecen por la labor de plantar más batalla. La Conselleria de Obras Públicas, para tratar de despolitizar la decisión sobre si se recurre o no, ha delegado en la Abogacía de la Generalitat.
De momento, Compromís toma la iniciativa y va a realizar desde su poder local lo que es posible que no pueda hacer desde la Generalitat. «Nosotros como Ayuntamiento de Manises vamos a recurrir la sentencia. No cambia nada aquello por lo que nos adherimos en su momento», explica a Levante-EMV Jesús Borràs, alcalde de la ciudad, donde su partido Compromís gobierna en minoría con el apoyo de Podemos.
Compromís deja al Consell y a su socio socialista en una situación complicada. En caso de que prosperara el recurso, no sería comprensible que la administración autonómica no se hubiera presentado en defensa de sus decisiones.
Con todo, esta por ver qué efectos tiene el recurso de casación ante el Supremo, que puede ser inadmitido o por contra dar lugar a un proceso más largo. Las fuentes consultadas señalan que la sentencia contra el Consell no es firme y que un recurso debería paralizar el sentido del fallo hasta que se resuelva. Con todo, la ley también reconoce el derecho de la parte vencedora a solicitar la ejecución provisional de la sentencia ante el TSJ.
Manises ha tomado esta decisión tras consultar con sus servicios jurídicos y en defensa de «dos objetivos muy claros». «En primer lugar, los intereses de comercios, unos 2.000 en la ciudad, y también los de Paterna. Estamos luchando por el comercio. Y por otro lado, por la destrucción del paraje de les Moles, que es una barbaridad urbanística, uno de los pocos paisajes que nos quedan cerca de la ciudad de València», añade Borràs.
Manises es uno de los actores que puede recurrir la sentencia del TSJ al estar personado en el procedimiento como codemandado. Fueron varias entidades locales cercanas a Paterna y colectivos empresariales quienes se adhirieron al procedimiento.
Godella, Unión Gremial y Bonaire
En concreto, figuran el Ayuntamiento de Paterna, gobernado por socialista Juan Antonio Sagredo y que es un firme defensor del proyecto. También está estudiando si recurre el Ayuntamiento de Godella, según traslada su alcaldesa, Eva Sanchis, de Compromís, y que gobierna en alianza con el PSPV.
La patronal del comercio Unió Gremial, también opuesta radicalmente a Puerto Mediterráneo y al modelo de grandes superficies, decidirá en las próximas horas qué hace. Otros dos enclaves comerciales muy cercanos al ámbito de actuación de este proyecto que promueve Intu Eurofund se personaron en el contencioso: Kinépolis España, SL, que tiene un centro a escasos metros, y la comunidad de propietarios Bonaire, en Aldaia.
