La Comissió Ciutat-Port -colectivo integrado por la Acción Ecologista Agró, Per l'Horta, Ecologistas en Acción, Associació de veïns i veïnes de Natzaret y la Plataforma el litoral per al poble (PELPAP), exige paralizar el proceso de ampliación del Puerto de València por «alterar» el proyecto inicial y cometer «infracciones medioambientales». El abogado Antonio Montiel, exdirigente de Podemos y cofundador de Per l'Horta, junto con otros representantes de las citadas entidades, anunció ayer la presentación de alegaciones al Ministerio de Fomento, Generalitat y Autoridad Portuaria de València (APV) ante la próxima adjudicación para construir y explotar la nueva megaterminal de contenedores a la sociedad Terminal Investment Limited (TiL, participada por la naviera MSC), que conllevará una inversión público-privada que supera los 1.400 millones de euros (1.000 de la multinacional y 466, de la APV).
Las alegaciones presentadas por la Comissió Ciutat-Port, que reclaman una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al considerar que la de 2007 está «caducada», lo que las sitúan en línea con lo que también ha reclamado recientemente el alcalde del cap i casal Joan Ribó así como Compromís. En ese sentido, las alegaciones detectan distintas «infracciones que concurren» en el proyecto inicial, «modificado» por la APV.
Infraestructuras y dragados
En sentido, las asociaciones ecologistas y de ciudadanos consideran que el plan constructivo de 2018, elaborado a instancias de la APV, «contienen un alcance material mucho mayor al previsto en la mencionada DIA 2007, fundamentalmente, para poder recibir buques portacontenedores de mayor calado y tamaño, de hasta 24.000 TEU (unidad de contenedor de veinte pies de longitud». Según Ciutat-Port, eso «no deja de ser una pura especulación no verificable».
Estas asociaciones de denuncian la demolición de infraestructuras existentes y vinculadas al proyecto inicial, como un contradique de 200 metros de longitud y la ampliación del actual dique de abrigo en 505 metros, actuaciones no contempladas en la DIA 2007. Y advierten sobre el aumento de dragados y de profundidad de los mismos como «necesidad de material adicional de relleno». Así, la modificación del proyecto incluye un volumen de dragados generales (en canales de navegación y dársena) y zanjas de cimentación delos muelles que ascienden a 21.392.820 metros cúbicos, «lo que supera ampliamente las previsiones del proyecto inicial de 2007», indican las alegaciones.
Según Josep Galvaldà, miembro de Per l'Horta, no se puede «enmascarar el cambio de proyecto y calificarlas como variaciones de criterios». Jorge Mateo, de Acción Ecologista Agró, destacó que el anteproyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores -que tendrá una superficie de 136 hectáreas- puede generar efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Esa es la causa de la segunda alegación, con la que se pretende determinar su afectación «real» a zonas protegidas y por eso resalta los riesgos sobre las playas del sur de València (sobre todo en Abre Gros y Saler), así como en la franja marítima de l'Albufera y reclama un análisis de la influencia de la actuación sobre el hábitat y las mareas de praderas de la Posidonia oceanicae en las aguas de este territorio marino. Según el texto, «la viabilidad medioambiental del eventual proyecto a ejecutar por la APV no se ha podido ser contrastada a día de hoy y las campaña medioambientales no han concluido».
Acciones judiciales
Otra alegación indica que la ejecución de la obra no se encuentra amparada en la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) y que su actual redacción «impide otorgar la concesión de la Ampliación Norte dato que los espacios previstos en el proyecto de 2018 no se corresponden con los previstos».
Por su parte, el portavoz del los vecinos de Natzaret, Julio Moltó, destacó que el conflicto entre València con su puerto se arrastra desde el año 1986, cuando se pactó «sacrificar» lo barrios del sur de la ciudad para que gane el norte. Moltó lamentó que Natzaret se quede si playa tras tapar la desembocadura histórica del cauce del río Túria, lo que provoca continúas inundaciones y se acabe con zonas de huerta «sin ninguna compensación».
El escrito de alegaciones coordinado por Montiel se reclama a la Conselleria de Agricultura que «requiera formalmente la intervención del Ministerio de Transición Ecológica para la exigencia a la APV del cumplimiento de la legalidad y, en su caso, para la apertura del expediente sancionador que fue procedente». Ciutat-Port tampoco descarta iniciar acciones judiciales contra la APV
