Las Corts rechazaron ayer pedir al Gobierno una nueva evaluación ambiental para la ampliación del Puerto de València como solicitaban Compromís y Podemos en una proposición no de ley, debatida en la comisión de Obras Públicas. La proposición no de ley no salió adelante por la oposición de los grupos parlamentarios del PSPV, PP, Ciudadanos y Vox que votaron en contra de la propuesta de pedir un «nuevo análisis medioambiental integral del proyecto modificado de ampliación del puerto de València».
Una petición que, según explicó la diputada de Compromís en las Corts, Papi Robles, «se justifica para reivindicar seguridad jurídica para este proyecto y que no suceda como la ZAL del Puerto de València que lleva quince años en los tribunales por falta de seguridad jurídica del proyecto». Robles defendió que la declaración ambiental aprobada en 2007 solo es válida para ese proyecto, pero en los últimos años se ha modificado «profundamente», por lo que la petición de una nueva evaluación ambiental busca la «fiabilidad jurídica y legal» y el respeto a las nuevas normas medioambientales y los planes . Desde Unidas Podemos Estefanía Blanes apuntó que la propuesta no buscaba «ganar tiempo, ni retrasar la actuación en el puerto, ni entorpecer su desarrollo, sino que los técnicos decidan las actuaciones que deben ejecutarse para limitar los efectos negativos» de la ampliación.
El voto en contra socialista fue defendido por la presidenta de la comisión de Obras Públicas, Mercedes Caballero -que cedió momentáneamente la presidencia- quien aseguró que «no procede aprobar esta proposición no de ley tal como se presenta este momento» y recordó que tanto la Autoridad Portuaria como la Conselleria de Obras Públicas «trabajan para garantizar un desarrollo sostenible del puerto y crecer sin destrozar el medio ambiente». Caballero presentó una enmienda a la propuesta de Compromís y Podemos -que no prosperó- para instar al Gobierno a «garantizar el estricto cumplimiento» de la normativa medioambiental, por lo que pidió que «no se banalice ni frivolice» con una actuación basada en criterios técnicos y cuya declaración de impacto ambiental sigue «vigente».
Desde el PP, el portavoz de Infraestructuras Miguel Barrachina presentó otra enmienda, también rechazada, que pedía «instar al Gobierno de España a acelerar las actuaciones para la ampliación norte y que se hagan con el máximo respeto ambiental» por lo que conminó a los tres grupos parlamentarios del Botànic «a ponerse de acuerdo consigo mismo en esta indispensable actuación y a que levante el bloqueo».
