El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), reunido ayer con la ausencia del alcalde Joan Ribó -por motivos de agenda-, decidió seguir adelante con su plan de expansión que incluye la construcción de una cuarta terminal de contenedores y cuyo proceso de otorgamiento a Terminal Investment Limited (grupo participado por la naviera MSC) cuenta con la oposición de Compromís y Podem porque reclaman una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El presidente de la APV, Aurelio Martínez, al término de la reunión de consejeros, aseguró que la entidad tiene previsto enviar esta misma semana al Boletín Oficial del Estado (BOE) el proyecto constructivo de la citada naviera. La infraestructura prevé una inversión de algo más de 1.000 millones de euros para construir una terminal semiautomatizada de 136 hectáreas de superficie y con capacidad para albergar algo más 5 millones de contenedores, es decir algo más del doble que la actual superficie del recinto del Grao.

Estudiar las alegaciones

El consejo de la APV analizará el informe jurídico del Ayuntamiento de València en el que reclama una nueva evaluación ambiental. También la demanda del colectivos como Per l'Horta -contrario a la ampliación- y que el presidente de la APV considera «poco fundada» al cuestionar la evolución de los tráficos y la escala de buques de 24.000 TEU (contenedores de veinte pies) ya que estos ya operan en los puertos. Para ello ha creado unas comisiones delegadas. Con todo, tras el período de información pública del proyecto de MSC Valenciaport confía que «en el plazo de tres meses» se podrá analizar y adjudicar las citadas obras que podrían iniciarse en dos años. La primera fase de funcionamiento de la concesión se estima en 2025.

Paralelamente, la APV prepara su proyecto de obras de dragados, muelle, rellenos y consolidación para el que maneja un presupuesto de 466 millones de euros. Con todo, según Martínez, esa cifra podría quedarse en unos 280 millones a raíz de modificaciones en materiales y de las rebajas que hagan las empresas a concurso.

Dada la envergadura de la nueva terminal, el presidente de la APV ve «normal» que haya que replantear la política financiera y en lugar de amortizar deuda como hasta ahora anticipadamente, guardará beneficios para la inversión que se requiere en unos años. En ese sentido, resaltó que la entidad ha cerrado los últimos ejercicios con un beneficio neto algo superior a los 30 millones de euros (en 2019 prevé 31,9 millones), cuenta con 141 millones en tesorería y la deuda se ha reducido de 596 a 379 millones entre los ejercicios de 2012 y 2019.

Respecto a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, en cuyo informe de fiscalización pedía a la APV «replantearse la política financiera a largo plazo», Martínez puntualizó que se han cumplido «todas»; con la excepción de las que tienen que ver con el Consorcio Valencia 2007 (organismo del que forman parte Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central), con el que la APV está enfrentada en los tribunales por el cobro del IBI a la corporación local, alrededor de 4 millones de euros que la APV reclama que se haga cargo el Consorcio y este último rechaza.

Conflictividad laboral

El consejo de administración tampoco ocultó su preocupación por las próximas movilizaciones de los estibadores en los puertos de toda España debido al bloqueo del convenio marco estatal. «La paz social que ya duraba dos años debería seguir», comentó Martínez. «Si las navieras ven problemas se llevarán los tráficos a otros puertos».

La APV también aprobó arrendar (por 51.000 euros anuales) a la empresa Enrolat (Grupo Boramar) el yate de lujo de representación Valenciaport que no usa y que compró por 4,1 millones hace más de una década en tiempos de la Copa del América. Tras cinco años no había conseguido venderlo en diversas subastas públicas al quedar desiertas.