La consultora AMRinternational, contratada por Feria Valencia, a instancias de su comité ejecutivo, para elaborar un plan estratégico que sirviera como base para el rediseño de la institución, no ve nada claro que el capital privado esté interesado en la misma si finalmente no logra su control mayoritario. El informe establece ocho opciones de estructura de la nueva feria distribuidas en tres grandes apartados: mantener la estructura de participación actual, donde la Generalitat y el Ayuntamiento tienen la mayoría de control; permitir la entrada de socios externos con participación minoritaria o, por último, dar al sector privado la mayoría de control.
El documento no toma una posición inequívoca y recomienda cinco de las alternativas: las dos con socio mayoritario (asociación con organizador con ánimo de lucro o con capital privado) y tres de la participación minoritaria, de la que solo excluye la asociación con una empresa de servicios públicos: asociación con una cámara de comercio, con un organizador con ánimo de lucro o con un capital privado. No obstante, la consultora deja bien claro «que el capital privado suele tener una participación mayoritaria en un negocio de eventos. Una participación minoritaria puede ser beneficiosa para Feria Valencia, pero también podría ser más difícil de encontrar». Pese a todo, el documento también deja constancia de que la entrada de un socio privado comporta el riesgo de una «desalineación entre los intereses a corto y largo plazo», es decir que sus propósitos pueden en ocasiones chocar con los de la economía valenciana.
Documento de febrero
El posicionamiento de AMR, fechado el pasado febrero y sujeto, como se afirma en el mismo, a derivadas como las elecciones autonómicas de mayo, es significativo sobre todo si tenemos en cuenta el debate interno que desde hace cuatro años divide a la Generalitat entre Compromís (Conselleria de Economía) y PSPV (Hacienda), dado que el segundo aboga por dar la mayoría en la futura feria al capital privado para que aporte negocio, la institución quede fuera del perímetro de la administración autonómica y porque difícilmente un operador querrá participar si no tienen más del 51 % de las acciones, mientras que los primeros defienden que el sector público mantenga la mayoría del capital.
Un resumen del informe fue distribuido ayer por el subsecretario de Economía, Natxo Costa, tras la reunión de la comisión integrada por Generalitat, Ayuntamiento de València y Feria para acordar el futuro modelo de la institución. Costa confirmó lo ya publicado por este diario y es que el Consell se ha visto obligado a adelantar la disolución de la entidad ferial, un paso previsto para el final del proceso de reestructuración de la institución, al constatar que los bonistas que invirtieron en la emisión de bonos de 2002 por importe de 227,5 millones de euros con la que se financiaron parcialmente las obras de ampliación del recinto de eventos se niegan a aceptar que la titularidad de esta deuda pase de la Feria a la Generalitat, tal como aprobó las Corts Valencianes a principios de este año.
Para autorizar la subrogación de la deuda, la aseguradora británica que cubrió la operación exigía que la Generalitat cumpliera con el fondo de reserva estipulado en la misma, pero a estas alturas solo hay provisionados 14 millones, cuando debería haber 94. Faltan 80 millones. El Consell, sin recursos financieros extra, pretendía cancelar el contrato de la aseguradora, pero los bonistas se han opuesto, entre otros motivos porque no querían perder la garantía que implicaba ese contrato. No hay que olvidar que, además, la calificación de riesgo de la Generalitat es muy inferior al de dicha empresa, como admitió ayer Natxo Costa.
Disolución
Por tanto, ante la imposibilidad de asumir la deuda, la solución pasa por disolver la feria y situar a los bonistas ante un dilema: recuperar ya toda su inversión y perder las elevadas remuneraciones que perciben, del 6 %, o aceptar el traspaso de la deuda a la Generalitat sin la cobertura del seguro. Ante esta disyuntiva, la gran incógnita estará en qué sucederá si los bonistas, en su mayoría internacionales, deciden recuperar su dinero y cancelar la emisión. Y es que si la Generalitat no ha cubierto los 80 millones que faltan del fondo de reserva queda por ver cómo reúne los 227,5 millones para devolverlos a los inversores.
Así las cosas, el Consell ha optado por la medida de fuerza y ha puesto ya en marcha la parte del proceso de reconversión de Feria Valencia que tenía previsto ejecutar una vez se hubiera subrogado la deuda. Es decir, iniciar ya el debate para la transformación del modelo ferial. Ahí se determinará si la futura institución tendrá una mayoría de capital privado o público. El paso final, ahora adelantado, era la disolución de Feria Muestrario Internacional de València. La idea es constituir una sociedad transitoria y probablemente pública que, acto seguido, asuma la actividad y la plantilla feriales. Costa aseguró que aún se desconoce la fórmula jurídica que adoptará la firma y cuándo se producirá la liquidación de la actual empresa y dijo que, cuando se produzca la liquidación de la entidad, se resolverá la posible compensación de la Feria a la Generalitat por la asunción de la deuda que tiene dividida a Hacienda.
