Los sindicatos que representan a los casi 1.200 empleados de las siete empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la C. Valenciana ya han puesto sobre la mesa del conseller de Economía, Rafa Climent, sus inquietudes ante el proceso de reversión al sistema público a partir de 2022 de este servicio privatizado.
Después de que el Consell del Botànic II haya incluido en su programa de gobierno la recuperación de la gestión de este servicio, los sindicatos han exhibido su preocupación por el encaje legal que van a tener en el sistema público, 25 años después de pasar de depender de la empresa pública a la que estaban adscritos (Sepiva), a las nuevas concesionarias. De los empleados actuales, menos de un 20% procede de aquella. El resto se han ido incorporando este tiempo. Es decir, trabajadores que no son funcionarios entrarán en el perímetro de la administración.
En este contexto, la pasada semana el propio Climent mantuvo un encuentro por separado con CC OO y UGT, una primera toma de contacto ante un proceso que se prevé largo. La conselleria, que está estudiando internamente con informes y estudios cómo abordar este proceso (estructura jurídica, inversiones, nuevos gastos que va a heredar) se ha desayunado con una compleja realidad laboral.
La cuestión es que en el tránsito desde el Sepiva a las nuevas empresas adjudicatarias en 1997 los trabajadores conservaron su estatus gracias al anexo VII del contrato de adjudicación. Sin embargo, desde entonces cada empresa ha tenido su propio convenio, en ausencia de uno sectorial, lo que propicia una casuística realmente amplia de situaciones personales con derechos o condiciones salariales variables. Puede haber diferencias salariales desde hasta el 30% en el mismo puesto, apuntan desde el sector. Hay diferencias incluso en estaciones de una misma empresa.
Aunque hasta el próximo año no se espera que esté clara la hoja de ruta, en estos encuentros ya se ha verbalizado que la forma jurídica más idónea para la reversión posiblemente sea la de una empresa pública, algo que la Generalitat ve como muy probable.
Desde el ámbito sindical se defiende esta vía, ya que entraría a aplicarse el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (sucesión de empresa), lo que garantiza que se respete la situación actual de los empleados, algo que no estaría tan garantizado bajo otro tipo de figura mercantil, según explica CC OO a sus afiliados en una nota interna.
Los trabajadores han trasladado a la administración sus preocupaciones acerca de qué va a pasar el día 1 de enero de 2023 y en adelante. «No queremos tener problemas en ese sentido ni en el momento de la reversión ni en el futuro. Lo ideal sería, con independencia de que cada uno tenga garantizado lo que tiene, tener un marco general que regule las relaciones partir del uno de enero de 2023, de modo que tanto la administración como los trabajadores tendríamos un marco legal con el cual regirnos y evitar que suceda lo que está pasando, por ejemplo, en el hospital de Alzira», trasladó CC OO al conseller.
¿Funcionario o personal laboral?
La preocupación es la misma en las filas de UGT. «En la industria cualquier cambio siempre supone recortes», avisan, y señalan que van a estar vigilantes para lograr que no haya destrucción de empleo y que todos los que estén en la misma categoría tengan las mismas condiciones o los mismos salarios, equiparando «por arriba».
La subrogación del personal de ITV a la administración supone un nuevo quebradero de cabeza para el Botànic. La primera reversión de un servicio público, el del hospital de La Ribera, supuso la entrada por la puerta falsa a la plantilla sanitaria de más de mil trabajadores. El difícil encaje jurídico para un personal que no ha pasado procesos selectivos se solventó con la figura de «personal a extinguir», una suerte de seudofuncionarios ya que conservarán la plaza de por vida.
Pegas de los órganos de control
El Jurídic Consultiu advirtió a posteriori de que está fórmula era discriminatoria respecto a quienes sí deben pasar una oposición para ser fijos y sugirió que, en estos casos, la solución más idónea sería crear una empresa pública y que el personal se convirtiera en laboral conservando sus derechos, pero no blindados de por vida. Es la vía por la que podría optar ahora Economía, que, además, tendrá que sortear sus propios informes jurídicos. La Abogacía de la Generalitat frenó a Sanidad la reversión de las resonancias magnéticas, un obstáculo que acabó sorteándose con un nuevo informe del CJC.
Con todo, la creación de una nueva empresa supone engordar de nuevo el sector público en un momento muy complicado para las arcas. Según el Jurídic, cualquier reversión necesitaría de un estudio de viabilidad económica que garantice que la prestación del servicio por la administración es más eficaz que por la privada.
