El ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra admitió ayer en la Audiencia Nacional un delito de administración desleal continuada en la concesión de 312 millones de euros al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación en Metrovacesa. En esta segunda sesión del juicio, Parra, para el que la Fiscalía Anticorrupción pedía en su escrito de conclusiones provisionales cuatro años de prisión, reconoció los hechos que se le atribuyen después de que efectuara la víspera un ingreso de 100.000 euros en la cuenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), personado en la causa como acusación.

El que fuera consejero delegado del Banco de Valencia repitió su estrategia procesal ya que el pasado febrero aceptó un año y siete meses de cárcel, también por administración desleal, en la gestión de préstamos a una sociedad que le era afín, procedimiento en el que abonó 330.000 euros por el perjuicio causado. Las presuntas irregularidades que se juzgan en esta ocasión tuvieron lugar en 2007, año en el que Metrovacesa presentó una opa para resolver el enfrentamiento entre la familia Sanahuja, que controlaba el 39,6 % de la inmobiliaria, y Joaquín Rivero -ya fallecido- y su socio, Bautista Soler, que sumaban entre ambos el 39,14 % de su capital.

Operación

Por entonces, el Banco de Valencia aprobó una operación de financiación «cascada» a las empresas del grupo Soler por importe de 312 millones para la adquisición del 2,4 % de las acciones de Metrovacesa, lo que supondría reforzar su presencia en la compañía. Precisamente, compareció también ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, aunque por videoconferencia, el empresario Bautista Soler, que se acogió a su derecho a no declarar, ni siquiera a su propia defensa.

Tal como solicitó su letrada durante el trámite de cuestiones previas, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, eximió a Soler, para el que Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel como cooperador necesario, de acudir a las sesiones hasta el turno de última palabra. Además de Parra y Soler, el Ministerio Público dirige su escrito contra la hija de este último, María Victoria Soler, y su marido, Vicente Fons, para los que pide idéntica condena.

Sin embargo, ambos optaron por no prestar declaración, a diferencia de cuanto ha hecho el cuarto de los acusados, Rafael Ruíz-Jarabo, administrador único de una de las sociedades prestatarias, Arlette Dome, creada en 2007 y «en la práctica controlada por María Victoria Soler y Vicente Fons», según la Fiscalía. Ruíz-Jarabo, que se enfrenta a penas de entre seis y tres años de prisión, reconoció que accedió a figurar en ella como único accionista después de que el matrimonio, del que era íntimo amigo, le pidiera «el favor» de que se pusiera al frente, ya que, por motivos regulatorios, ellos no podían. Lo hizo, dijo, por «pura amistad, a cambio de nada», y añadió que le pareció «elevado» el crédito inicial otorgado por el Banco de Valencia para la compra de acciones de Metrovacesa.

No obstante, aclaró que él «no sabía ninguno de los entresijos de las operaciones, sólo que se iban pagando los intereses», puesto que se dedicaba «a unos asuntos que no tenían nada que ver con lo de València», de ahí que nunca despachara «nada» con la entidad. Ruíz Jarabo admitió de este modo los hechos que se le atribuyen, si bien únicamente en lo relativo a Arlette Dome, sociedad a la que Banco de Valencia concedió un préstamo por importe de 200 millones que fue posteriormente refinanciado.

El relato que ahora reconocen tanto Domingo Parra como él destaca el riesgo de la operación, considerada como «la más importante» y en la que «no se llevó a cabo ningún análisis previo de viabilidad».