04 de diciembre de 2019
04.12.2019
Tribunales

El juez dice que Olivas fue "consciente" de la falsedad de las cuentas del Banco de Valencia

Pedraz exime de responsabilidad civil a CaixaBank pero mantiene a Bankia, la Fundación Bancaja y la auditora Deloitte

03.12.2019 | 21:25
José Luis Olivas, en el centro, durante la junta de accionistas del Banco de Valencia en marzo de 2011.

Los consejeros que dirigieron el Banco de Valencia hacia su extinción en noviembre de 2011 se encuentran ya a un paso de ocupar el banquillo de los acusados en un juicio oral después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, hiciera público ayer el auto de procedimiento abreviado por el que procesa a la excúpula de la entidad financiera por falsear las cuentas de 2009 y 2010. El magistrado es concluyente en su escrito. Recuerda que en marzo de 2011 se celebró una junta de accionistas para aprobar las cuentas de 2010. La «exposición de las citadas cuentas falseadas fue realizada» por el entonces presidente José Luis Olivas y el consejero delegado, Domingo Parra, «los cuales eran perfectamente conscientes de la mendacidad de los datos que exponían al mercado».

El juez, que ha dado un plazo de un mes a las partes para que presenten el escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, señala en su auto a Olivas -también expresidente de Bancaja y de la Generalitat-, a Parra y a otros trece vocales del consejo, entre ellos empresarios tan conocidos como José Luis Quesada (Pavasal), Federico Michavila (Torrecid), Agnès Noguera (Libertas 7) o Silvestre Segarra (Porcelanosa).

Por otro lado, Pedraz exime de responsabilidad civil subsidiaria a CaixaBank como sucesor del Banco de Valencia, que le fue adjudicado un año después de su intervención a cambio de un euro y de una inyección de capital público de 5.500 millones de euros. Entiende el magistrado que no hay responsabilidad en quien lo gestionó (FROB) o lo adquirió (CaixaBank) después de los hechos investigados. No obstante, no elude esta exigencia a Bankia y su matriz BFA ni a la Fundación Bancaja, ambas herederas de la extinta caja de ahorros que controlaba el 40 % del capital del Banco de Valencia. También la auditora Deloitte y empresas vinculadas a consejeros de la entidad como la ya citada Libertas 7, Minaval o el Montepío Loreto.

El magistrado sitúa los problemas del banco justo en el inicio del mandato de Olivas en enero de 2004, cuando «se empezó a diseñar un cambio fundamental en la mentalidad y la forma de operar de la entidad» que abandonó «los postulados del negocio bancario tradicional por un acercamiento a la filosofía» de las cajas, es decir «una política crediticia muy expansiva y marcadamente centrada en el mercado inmobiliario». Esta política «provocó el aumento de sus cifras de negocios, con ratios superiores a los del sector, pero eso fue posible ante una política planificada dentro del consejo de administración, a iniciativa de su presidente y de su consejero delegado, mediante la asunción de un elevado grado de exposición al sector inmobiliario, tanto a promotores como a particulares, con incumplimiento sistemático de las buenas y prudentes prácticas que debería de regir la sociedad». En este punto, el juez recuerda que «esta política se explicaba y aprobaba» en el consejo del banco, formado por personas «con amplios conocimientos en la materia».

Pedraz añade que, cuando estalla la crisis en 2007 y a pesar de las recomendaciones del Banco de España de ese mismo año y otra posterior en 2009, el Banco de Valencia «mantuvo» su rumbo «basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su escasa prudencia y elevado riesgo» e «incluso en muchas ocasiones con créditos basados en meras expectativas especulativas de los suelos que se financiaban con los mismos». Así se llegó al precipicio: «Los reales malos resultados del ejercicio 2009, sin embargo, suponían ofrecer una imagen al mercado que podría dañar los planes del consejo, al tiempo que suponía una pérdida de recursos propios de la entidad, de modo que para que eso no sucediera, y pese a conocer los datos reales de morosidad, se decidió por el propio consejo efectuar una práctica contable dirigida a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la misma, lo que se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales los ejercicios 2009 y 2010 que no reflejaban la imagen fiel de la misma, pues se basaban en ajustes contables dirigidos a "maquillar" tales resultados».

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