Generalitat, Ayuntamiento y empresarios acordaron ayer una fórmula para cubrir la presidencia de Feria Valencia algo compleja pero que trata de mantener los equilibrios internos para solventar el hecho innegable de que el cargo en la práctica quedará vacante hasta que las partes implicadas logren pactar el diseño futuro de la institución. El acuerdo implica rescatar una figura contemplada en los estatutos que no se había usado hasta ahora -la comisión permanente- para establecer una especie de presidencia colegiada.
Este diseño es consecuencia de dos renuncias. Primero, la del actual presidente del comité ejecutivo, José Vicente González, a continuar, y, después, la del máximo responsable de la patronal del metal, Vicente Lafuente, quien se autodescartó a pesar de que contaba con el consenso general de políticos y empresarios. En su decisión pesó de forma clave el embrollo sobre el futuro de la institución. Por un lado, los inversores tienen paralizada la indispensable subrogación de la millonaria deuda de la Feria a la Generalitat, lo que va a obligar a esta a precipitar la disolución de la actual empresa para crear una pública que asuma la gestión. Así pretende forzar las resistencias de los bonistas. Además, en el seno de la Administración autonómica hay discrepancias sobre el futuro modelo, es decir si el control de la nueva sociedad que se cree debe ser público o privado.
Ante esta tesitura, Lafuente dio un paso atrás y, ya sin candidatos, los empresarios presionaron para que se definiera el modelo antes de poner nombres, para que la presidencia quedara vacante y para que ellos tuvieran voz en el futuro diseño. Y han logrado sus objetivos, incluido el rechazo de la patronal a que el presidente de la Cámara, José Vicente Morata, asumiera también ese cargo aunque fuera de manera temporal.
La citada comisión, contemplada en los estatutos, es un órgano reducido emanado del comité ejecutivo de Feria Valencia, ante el que tendrá que responder, de la misma forma que este lo hace ante el patronato. Estará integrada por los vicepresidentes del citado comité. El primero será, en representación del ayuntamiento, la concejal Pilar Bernabé (PSPV) y el segundo corresponderá al presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, por la cuota que designa el propio comité. Estos y el resto de cargos tendrán que ser ratificados durante la renovación que aprobará el patronato el próximo día 18. Habrá un tesorero, una plaza que corresponderá a la Cámara y que lo previsto sea que la ocupe Morata. Además, un contador a elegir, el subsecretario de la conselleria de Economía, Natxo Costa (Compromís), en representación de la Generalitat, y, con voz pero sin voto, el director general de la Feria, Enrique Soto, y el secretario general, Luis Martí.
Esta presidencia colegiada dividirá sus funciones. Mejor dicho, se repartirá las funciones que los estatutos reservan para el presidente, una misión que las partes definirán en los próximos días, aunque básicamente se trata de que las tareas más ejecutivas le serían adjudicadas a Soto y el resto de competencias se las reservarían los otros vocales. Además, la parte más institucional del cargo, es decir, la representativa -léase, inauguración de certámenes, sobre todo- la ejercerían de forma solidaria cuatro personas: los dos vicepresidentes del comité (Bernabé y Navarro) y los dos del patronato (Costa y Morata), que son miembros natos.
Equilibrio
Con esta fórmula lo que se ha pretendido es un equilibrio de todas las partes, tanto en el ámbito empresarial como en el político, dado que quedan representadas las dos principales fuerzas del Govern del Botànic. Asimismo, permitirá que los empresarios, singularmente la patronal autonómica, esté presente en la Comisión de Seguimiento del Protocolo, una instancia integrada por Generalitat, Ayuntamiento y Feria donde se analiza y desarrolla el acuerdo, ratificado en las Corts, por el que se subrogaba la deuda ferial a la Administración autonómica y se tenía que definir el modelo futuro de la institución.
Esta última cuestión, según las fuentes consultadas, fue tratada casi de pasada en la reunión de ayer en la Conselleria de Economía y se pretende que pase a ocupar los desvelos de las partes implicadas una vez que el patronato ratifique la presidencia colegiada. Es sin duda la parte más compleja y aquella en la que las discrepancias entre los políticos son más acusadas.
