El conflicto que se vive en el seno de la asociación de usuarios de banca Adicae, en la agrupación valenciana y también en otras como la extremeña, hace tiempo que se dirime en los tribunales. El pasado noviembre, por ejemplo, un juzgado de Torrent obligó a la entidad a reincorporar a una socia valenciana crítica que había sido expulsada por la dirección nacional en el contexto de los congresos de renovación de cargos directivos entre 2018 y principios de 2019. Unos procesos en los que la anterior cúpula autonómica fue apartada directamente por la dirección estatal que lidera Manuel Pardos, y sustituida por otra con el propio Pardos como presidente y otros cargos afines en una controvertida asamblea.
Ahora, ha sido un juez extremeño el que ha condenado por un delito leve de coacciones a un dirigente estatal que, al mismo tiempo, es también miembro de la directiva de la C. Valenciana. Se trata de Antonio Pulido, colaborador de Manuel Pardos y vicesecretario de la junta directiva nacional de Adicae. También es tesorero de la dirección valenciana desde el citado cambio de julio de 2018.
600 euros de multa
Un juzgado de Instrucción de Cáceres acaba de condenar a Pulido a dos meses de multa (600 euros) por un delito leve de coacciones a una empleada. Los hechos sucedieron en noviembre de 2017, en el contexto del conflicto social entre Adicae y Adicae Extremadura.
El condenado, según los hechos que el juzgado da como probados, «irrumpió de forma inopinada y abrupta en la oficina» de Adicae en Cáceres, «urdiendo un plan para conseguir que le abriesen la puerta» para conseguir entrar en las instalaciones y «notificar la decisión de despido que provenía de Adicae, creando un clima de tensión y hostilidad». «Pulido gritaba que había decidido aplicar el 155», relata la sentencia. Otros denunciados han sido absueltos de ese delito leve de coacciones. El fallo no es firme y contra él cabe recurso.
Esta entidad, clave en la lucha contra las estafas bancarias en los últimos años y con miles de asociados en la C. Valenciana, vive desde hace tiempo una batalla por el control.
Algunos de los antiguos dirigentes valencianos y socios, en desacuerdo con la gestión realizada por el presidente Manuel Pardos, forman parte de una corriente crítica que tiene focos en diferentes puntos de España. Se cuestiona la gestión económica y el control de las cuotas. Ello ha provocado una oleada de expulsiones e impugnaciones de asambleas que han terminado en los tribunales.
