La agencia Turismo Comunitat Valenciana ha ganado definitivamente en los tribunales la batalla legal contra Airbnb y otras plataformas emprendida en 2016 por comercializar pisos turísticos sin enseñar el número de registro en sus anuncios. El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir el recurso de casación presentado por esta plataforma, referente dentro del alquiler vacacional y que fue sancionada por ese motivo.

La multinacional recurrió a la justicia. El pasado 9 de abril, sin embargo, un juzgado valenciano dio la razón al Consell. El TSJ ratificó la sentencia el pasado 15 de mayo. Y, ahora, el Supremo rechaza el último recurso de Airbnb. «Esta es una buena noticia para el sector reglado y profesional», celebró ayer el secretario autonómico, Francesc Colomer.

La Generalitat está presionando para que las viviendas de uso turístico estén inscritas en un registro autonómico como aval de que cumplen con la normativa y que, por tanto, pueden realizar esta actividad económica.

La mayoría lo hacen. Turismo tiene registradas nada menos que 73.841 apartamentos y viviendas particulares. En los últimos cuatro años se ha producido un auténtico aluvión. Las plazas se han duplicado desde el cambio de Consell. Sin embargo, para evitar que haya quien siga realizando este actividad de forma clandestina, Turismo vigila que las web incluyan dicha 'matrícula' en todos sus anuncios.

Con pedagogía, negociación y sanciones, ha conseguido que muchos lo hagan. Como Booking, por ejemplo, un gigante del alojamiento. El número de registro se incluye ya en 21 plataformas de comercialización, según datos de la Comisión de Intrusismo de hace un año. El departamento de Francesc Colomer entiende que la tecnología no es un impedimento y que hay un problema de voluntad por parte de algunas multinacionales.

Esta decisión del Supremo, en todo caso, cierra cualquier posibilidad judicial de que estas empresas traten de sortear la normativa valenciana. La Generalitat fue pionera en ganar sentencias. Desde noviembre de 2017, Homeaway, Rentalia y Windu también han visto cómo la justicia desestimaba sus recursos contra las sanciones.

Ahora, la vía punitiva es mucho más intimidatoria. No solo porque la justicia no va a evitarlo, sino porque la cuantía ha crecido de forma considerable. La nueva ley de Turismo, modificada en el verano de 2018, eleva de 30.000 a 600.000 euros la sanción máxima. Una multa pensada precisamente para este tipo de compañías.

Ha habido sanciones antes y después del cambio legal. Esta multa recurrida por Airbnb era previa, pero en estos momentos tiene otro procedimiento abierto, ya con el nuevo régimen disciplinario en vigor. En realidad, hay más de uno.

Desde 2016, la Generalitat ha abierto 54 procedimientos en las tres provincias a diferentes plataformas, muchas de ellas reincidentes. De ellos, 30 se han subsanado, y otros 24 han evolucionado a expedientes sancionadores. Este último año, por ejemplo, se han abierto cinco de estos expedientes, dos en València y tres en Alicante. Las plataformas se enfrentan a sanciones de 600.000 euros por cada uno de ellos. Están pendientes de resolución, confirman desde Turismo. En 2018, cuando se cambió la ley, también se abrieron dos expedientes sancionadores en València, tres en Alicante y uno en la provincia de Castelló.

«El hecho de que el Supremo nos de la razón lanza un mensaje de no impunidad», dijo ayer el secretario autonómico. «En esta Comunitat no miramos hacia otro lado, sino que utilizamos todos los medios de los que disponemos para marcar el nivel de calidad que merece este sector», añadió. «Durante este tiempo hemos continuado, y seguiremos haciéndolo, abriendo expedientes a todas aquellas plataformas que no subsanen en sus prácticas irregulares y mantengan su oferta sin solicitar ni mostrar el número de registro», concluyó.