La Generalitat no está dispuesta a que la competencia, a su juicio desleal, que realizan algunas comunidades autónomas al rebajar impuestos como el de Patrimonio o el de Sucesiones siga mermando su recaudación, y ha decidido poner el foco en los cambios de domicilio que en los últimos años han protagonizado los contribuyentes con rentas más elevadas hacia autonomías donde disfrutan de una fiscalidad más ventajosa para sus intereses. Desde el Consell sospechan que muchos de estos traslados pueden ser ficticios, es decir, que se han producido únicamente sobre el papel, para ahorrarse el pago de estos impuestos, pero que en realidad se trata de ciudadanos que siguen viviendo en la Comunidad, por lo que, según la legislación, deberían seguir tributando en la autonomía. Y parece que sus sospechas empiezan a confirmarse.
Así, la Agencia Tributaria Valenciana ha detectado ya hasta 20 posibles casos, que tiene en diferentes fases de investigación, según los datos facilitados por la propia directora de este organismo, Sonia Díaz. Unos resultados que son el fruto del grupo de trabajo conjunto que crearon en 2018 la entidad autonómica y la Agencia Tributaria estatal para detectar este tipo de irregularidades.
Hace sólo unas semanas el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba durante la sesión de control que se había firmado la primera acta de conformidad fruto de estas investigaciones, que permitió liquidar 14 millones de euros por el legado de una mujer, cuyos herederos aseguraban que residía en Madrid. Sin embargo, la administración autonómica pudo demostrar que vivía en la Comunitat, por lo que los impuestos debían pagarse en la autonomía. Además de este caso, la Agencia Tributaria Valenciana instruye ya otros nueve expedientes, ya sea por el Impuesto de Sucesiones o por el de Patrimonio, y se encuentra en la «fase de verificación de indicios» de otra decena de contribuyentes, según afirma su responsable.
Aunque inicialmente se apuntaba a Madrid como el principal destino que quienes trataban de rebajar su factura fiscal con falsos cambios de domicilio, lo cierto es que el Consell ya investiga también traslados igualmente sospechosos a La Rioja y Castilla-La Mancha, donde la tributación también es más baja. En este sentido, Díaz deja clara que la intención de la Generalitat es ampliar estas investigaciones a todas aquellas comunidades donde los impuestos son más reducidos, para evitar que los posibles defraudadores cambien de destino. Sobre todo ahora que cada vez más gobiernos autonómicos se suman a las exenciones de estos tributos, ante la presión social, que denuncia el agravio comparativo entre regiones. Un paso, el de rebajar estos impuestos, que la Generalitat no está dispuesta a dar ante el déficit de financiación que sufre por parte de la Administración central, y su acuciante necesidad de nuevos recursos.
Cruces de datos
Para detectar a los posibles evasores resultan clave las herramientas de cruce de datos de que dispone la Agencia Tributaria Estatal, que permiten conocer qué contribuyentes han cambiado su domicilio fiscal en los últimos años -en concreto se analizan los ejercicios que aún no han prescrito- y también los posibles indicios que apuntan a que el cambio es ficticio. Con los listados preliminares de analizan posteriormente otros indicadores para verificar o descartar el caso.
Por ejemplo, la administración tiene en cuenta dónde utilizaba el fallecido su tarjeta sanitaria, si se trata de la declaración de una herencia, o dónde realiza el contribuyente su gasto sanitario; o si el consumo de luz del domicilio declarado se corresponde realmente con una vivienda de uso habitual. A éstas se suman otras variables de carácter reservado, que la responsable del organismo tributario se resiste a revelar. En cualquier caso, señala que todos los datos se tratan con la correspondiente confidencialidad y que sólo tiene acceso a los mismos el funcionario responsable de la instrucción del expediente.
Una vez comprobado que el cambio de domicilio no es real, la Generalitat procede a liquidar estos impuestos, con sus correspondientes sanciones. De momento, desde la administración autonómica no entran a valorar si algún caso puede constituir, además, delito fiscal ya que, según recuerdan, para ello deben concurrir determinadas circunstancias, como el dolo, o superar ciertas cantidades.
En cuanto a la importancia económica de estos tributos, basta señalar que el año pasado la Generalitat Valenciana recaudó 272 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y otros 161 millones con el Impuesto de Patrimonio, según los datos facilitados por la administración.
