10 de enero de 2020
10.01.2020
Tribunales

La Fiscalía culpa del maquillaje contable del BdV a todo el consejo

Anticorrupción pide cuatro años y medio para Olivas y Parra por un delito de falsedad contable

09.01.2020 | 21:58
José Luis Olivas y Domingo Parra.

Todas las personas que formaron parte de los consejos de administración del Banco de Valencia participaron activamente en el acto de «maquillar» las cuentas de la entidad de 2009 y 2010 con el propósito de ofrecer una imagen de solvencia «que no se correspondía con la realidad». La consecuencia fue que los accionistas «mantuvieran la confianza en la sociedad, lo que produjo la cuasi pérdida íntegra de sus inversiones», porque solo cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió la cotización del banco el 7 de noviembre de 2011, dos semanas antes de su intervención, pudieron conocer su «situación real», una fecha «demasiado» tardía para tomar algún tipo de decisión informada sobre sus «intereses».

En base a esta conclusión, la Fiscalía Anticorrupción concluye que la excúpula del Banco de Valencia cometió un delito societario continuado de falsedad contable y pide para ella penas que van de los 2,5 a los 4,5 años de cárcel. Esta última condena es la que exige para el expresidente de la entidad, José Luis Olivas, y para su exconsejero delegado, Domingo Parra. Para los exvocales e integrantes de la burguesía y el empresariado valenciano Antonio Tirado, Celestino Aznar, Agnès Noguera, José Segura y Silvestre Segarra, pide tres años de prisión, mientras que para otros seis exvocales, dos años y medio: Manuel Olmos, María Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Pedro Muñoz y Federico Michavila. Finalmente, solicita un año y medio para Miguel Monferrer, socio de Deloitte, la consultora que auditó y, por tanto, validó las cuentas del banco. Todos ellos son considerados responsables civiles directos y como subsidiarios aparecen Bankia y su matriz BFA, la citada auditora, la Fundación Bancaja, varias firmas de la extinta caja de ahorros y empresas como Libertas 7, Mancomer, Minaval o el Montepío Loreto, vinculadas a algunos exconsejeros. Todos ellos deberán, en su caso, responder con su patrimonio a la hora de indemnizar a los accionistas damnificados en el caso de que haya sentencia condenatoria. El importe se determinará en el juicio oral pero podría situarse en varios cientos de millones de euros.

En su escrito de acusación dirigido al juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que ha llevado la causa tras la querella presentada por la asociación de pequeños accionistas del banco Apabankval que representa el abogado Diego Muñoz Cobo, la fiscalía asegura que las irregularidades contables del banco «eran conocidas y aprobadas» por el consejo y añade que «todos» sus integrantes «eran perfectamente conocedores de la situación real de la entidad», es decir de su morosidad creciente, el aumento de las daciones en pago y «por el hecho de que la propias empresas o grupos que ellos mismos representaban tenían la necesidad de solicitar periódicas renovaciones de las líneas de financiación».

Y añade. «De cara al mercado se ponía de manifiesto la existencia de un adecuado control de los riesgos subyacentes, ofreciendo a través de tales documentos una imagen de máxima fiabilidad en la gestión y control que no se correspondía con la existente en la realidad. Al mismo tiempo, se encubría la situación económica real de la entidad y se achacaban las bajadas de beneficios [en las cuentas de 2009 y 2010] a la situación financiera internacional».

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