La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunitat Valenciana ha detectado este pasado 2019 hasta 19 infracciones laborales en centros especiales de empleo. En concreto, estos incumplimientos, resultado de 319 actuaciones y 23 visitas realizadas a empresas, afectan a 497 trabajadores, y el importe de las sanciones asciende a 32.629 euros.
Son las principales conclusiones de la campaña específica de «Integración sociolaboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo» desplegada en la C. Valenciana. Estos centros son empresas que dan trabajo de forma mayoritaria a personas con diferentes tipo de discapacidad, lo que facilita su integración. Son personas que pueden desarrollar un empleo pero que tienen una dificilísima inserción en el mercado común. La administración autonómica, de hecho, lleva tiempo tratando de incentivar la entrada de discapacitados en empresas corrientes, con escaso éxito.
7.000 empleos en la C. Valenciana
Así, son estos centros especiales, cada vez más numerosos y surgidos en el perímetro de grupos mayores, quienes acumulan la mayoría de empleo para personas con diversidad funcional. Los CEE reciben importantes ayudas de la administración. En el caso valenciano, por ejemplo, en 2019 obtuvieron de la Generalitat y el Estado en torno a 35 millones. Se les financia con el 50% del salario mínimo interprofesional para costes salariales de cada trabajador, además de la bonificación del 100% de las cuotas de Seguridad Social; y reciben ayudas para adaptar los puestos de trabajo o las unidades de apoyo. En los últimos tiempos se viene financiando al año cerca de 7.000 puestos de trabajo en la autonomía. En 2017, había unos 140 centros reconocidos.
Con todo, los sindicatos llevan tiempo insistiendo en la necesidad de poner bajo el foco de la inspección esta realidad mercantil creciente y que «está desembarcando con fuerza tanto en el sector industrial como en otros sectores intensivos en cuanto a mano de obra, como la limpieza o los servicios en general», explica Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CC OO. «Sabíamos que había indicios de incumplimientos laborales», apunta.
Es por eso que el Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales, marco que reúne a la Inspección, Generalitat, patronal CEV y los sindicatos, decidió el pasado año centrar parte de sus esfuerzos de 2019 en este sector. «El número de infracciones es significativo por el número de actuaciones, y puede ser un reclamo para que no se siga externalizando por esta vía con el fin de devaluar salarios y condiciones de trabajo. Entendemos que los fines de un CEE son muy loables y muy significativos para personas en claro riesgo de vulnerabilidad y exclusión social y con mayores dificultades de acceso al empleo, pero no todo vale. No podemos estar cubriendo puestos de trabajo regulado con un convenio colectivo con unas condiciones, vulnerándolo a través de la figura del CEE, devaluando esas condiciones», argumenta el dirigente sindical.
¿Qué tipo de irregularidades se ha detectado? El balance no detalla las causas de la infracción, pero puede tratarse desde cuestiones ligadas al empleo y las relaciones laborales (cesión ilegal de trabajadores o condiciones inferiores al convenio colectivo) hasta la prevención de riesgos, como la evaluación específica de discapacidad, vigilancia de la salud o planificación de actuaciones preventivas, apunta Daniel Patiño.
