Un total de 119 controladores aéreos de los 133 que serán juzgados el próximo 15 de enero en Madrid por el caos aéreo de 2010 han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid para lograr una reducción de las multas que se impondrán por un delito de abandono de servicio público.

La huelga de controladores afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, ya que paralizó la actividad aeronáutica entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Esta es una de las causas que aún continuaban de las 20 que se abrieron en diferentes juzgados de toda España, ya archivados y exculpatorios para los controladores en la mayoría de los casos.

De los 133 acusados en la causa pendiente en Madrid, siete se enfrentan a una multa de 75.000 euros en calidad de representantes sindicales de la antigua junta directiva de USCA. De estos siete, seis han pactado un acuerdo que se dará a conocer en el juicio.

Solo César Cabo, el que fuera el portavoz del colectivo en aquellas fechas, se ha negado a conformar con el Ministerio Público. Los trece controladores que no han pactado se enfrentan a una multa de 60.000 euros.

La vista oral arrancará el próximo 15 de enero y se prolongará hasta el próximo 18 de marzo y se celebrará en uno de los Juzgados de lo Penal de la calle Albarracín.

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el «esencial» servicio público que prestan para la comunidad «como es el transporte aéreo».

También reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por el/los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación «en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad». De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público Aena.