La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) aseguró ayer que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, demuestra «no tener toda la información» por parte de la conselleria de Agricultura sobre la lucha contra la Xylella fastidiosa -a diferencia de la buena información que maneja en otras competencias de la administración autonómica- puesto que a la asociación le consta, tanto por el sector como por las auditorías de la Unión Europea (UE), que «la falta de dotación presupuestaria impide al Botànic aplicar en la práctica el protocolo de erradicación, lo que está favoreciendo que la bacteria se expanda más rápido que las talas y ponga en peligro el futuro del sector agrario valenciano». Esta es una de las aclaraciones que AVA-Asaja desea trasladar tras la reacción de la propia Mónica Oltra a las críticas formuladas por esta organización durante su balance del año agrario.

La organización agraria asegura que la conselleria que dirige Mireia Mollà no cuenta con suficiente fondos para eliminar los árboles situados en un perímetro de 100 metros alrededor de cada positivo, como establece la legislación europea, sino que se ve obligada a dar prioridad al arranque de los almendros únicamente infectados, en segundo lugar a los campos abandonados y, ya en último término, al resto de la superficie damnificada. Sería como si a un enfermo, razona AVA-Asaja, en lugar de aplicarle un tratamiento de choque, se le administrara un tratamiento light, con lo que se agravaría su estado y la curación se complicaría.

Tal como incida la vicepresidenta, el plan de erradicación de la Xylella está auditado por la UE. Lo que no dice es que su último informe de 2019 constata «una aplicación tardía y parcial de las medidas de erradicación»,con lo que «numerosas plantas que dieron positivo (?) todavía están presentes en una amplia área infectada con un alto potencial de infección». La UE coincide con los testimonios recabados en que «no todas las plantas hospedadoras se eliminaron en el área de 100 metros alrededor de las plantas que dieron positivo, el resultado tras la tala preventiva no es en absoluto el deseado».

Según AVA-Asaja, la Generalitat tampoco ha sido capaz de proponer ni un plan para que los agricultores puedan continuar viviendo dignamente tras el arranque, ni un plan de reestructuración futura que dé viabilidad a sus explotaciones. Por último, los presupuestos de la conselleria para 2020 congelan en 700.000 euros la partida para replantación de parcelas afectadas que en 2019 no se gastó e incluso recortan a la mitad los fondos dedicados al arranque obligatorio por sanidad vegetal, de dos a un millón de euros.