El juicio que celebra la Audiencia de València contra el liquidador de empresas Ángel de Cabo, condenado por el caso Marsans y testaferro del expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ha sacado a la luz el proceso que siguieron los antiguos propietarios de Teconsa, la constructora que obtuvo el contrato de las pantallas de la visita del papa a València, para deshacerse de ella justo después del golpe policial que desmanteló a la trama Gürtel.
De Cabo negó ayer ante el tribunal que preside la magistrada Clara Bayarri que descapitalizara las empresas de la familia de José Luis Martínez Parra, el antiguo propietario de Teconsa que será juzgado a partir del 9 de marzo en Madrid por la visita de Benedicto XVI.
«Yo no he creado deuda en las sociedades ni tampoco las he vaciado», insistió durante su declaración. Así explicó Ángel de Cabo en qué consistía su negocio: «Se compraba por un euro y se pasaba la empresa a nombre mío. Cuando una persona quiere vender, se vende porque no quiere estar ahí por miedo a lo que se ha hecho».
De Cabo se enfrenta a una petición de pena de cinco años de prisión por un presunto delito de estafa en la adquisición de varias sociedades propiedad de los Martínez Parra. Está acusado de vaciar las sociedades para incrementar su propio patrimonio.
En cambio, el liquidador negó ayer todas las acusaciones y declaró que la primera sociedad que adquirió a esta familia fue Teconsa. Las conversaciones para quedarse con esta constructora tuvieron lugar entre los meses de marzo y abril de 2009, justo después de la redada policial contra el grupo Correa, y la operación se materializó durante el verano con la firma oficial del contrato.
Según su testimonio, en la negociación participó el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, el considerado el cerebro financiero de Gürtel y condenado a tres años de prisión por la caja B del PP de la Comunitat Valenciana. Días después de la compra de Teconsa se presenta el concurso, justo cuando la Audiencia Nacional abrió una investigación separada por la visita del papa. A partir de ahí compró el resto de sociedades de los Martínez Parra.
La constructora de este empresario leonés no tenía experiencia en el sector audiovisual, pero Radiotelevisió Valenciana (RTVV) adjudicó a Teconsa el servicio de las pantallas, que ascendió a 7,4 millones pese a que se valoró en tres. En realidad quién estaba detrás del concurso era el grupo Correa. La factura de Teconsa es la mayor que pagó Canal 9 en toda su historia.
«La deuda existía»
A preguntas de su abogado, el letrado Juan Carlos Navarro, repitió que no ha estafado a nadie y que no ha generado ninguna deuda en las sociedades de los Martínez Parra. «La deuda existía. Lo digo yo y los auditores», apuntó.
«Las empresas las he garantizado para darles viabilidad, no he estafado», reiteró durante su declaración, que la magistrada Bayarri tuvo que interrumpir para pedirle que se tranquilizara.
La Fiscalía considera que De Cabo se valió de una apariencia de solvencia y conocimiento en derecho concursal y se presentó a los Martínez Parra para encargarse de la gestión de las empresas con el objetivo de sanearlas. Afirma que no cumplió con las condiciones estipuladas y el patrimonio de la familia del constructor quedó en su poder.
La sección segunda de la Audiencia de València retomará el juicio el próximo día 10 con el interrogatorio de un agente de la policia y las conclusiones.
