No hubo sorpresa. El Consell, siguiendo el criterio de la Abogacía de la Generalitat, anunciaba ayer que presentará un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia del TSJ valenciano que da la razón al operador de centros comerciales Intu. Ese fallo estimaba parcialmente el recurso del grupo que promueve un megaparque comercial y de ocio en Paterna, que fue rechazado por motivos ambientales en septiembre de 2016.
Cabe recordar que la Comisión de Evaluación Ambiental, dirigida por la Conselleria de Medio Ambiente en manos de Compromís, pero también con altos cargos y técnicos de Obras Públicas (PSPV), emitió hace más de tres años una memoria desfavorable a este proyecto, dando carpetazo a una inversión de 800 millones.
El promotor acudió a la justicia, y el TSJ valenciano ha concluido que aquel informe era insuficiente, inconsistente, que en algunos aspectos no se ajustaba a derecho y ordenaba a retomar el proceso justo en ese momento. Es decir, que obliga a realizar un nuevo informe ambiental que en ningún caso podrá rechazar el proyecto, sino señalar sus incumplimientos para que el promotor los cambie. Vía libre a Intu Mediterrani, en definitiva.
Después de esa sentencia del TSJ valenciano, un auténtico mazazo jurídico, la Abogacía ya realizó un primer intento de cambiar el fallo. Reclamó una 'completación' de la sentencia en la que, básicamente, hace una enmienda a la totalidad de los argumentos de los jueces por defecto de forma. El TSJ respondió negativamente.
El tono de los servicios jurídicos del Consell, sin embargo, permitía aventurar que habría recurso. Los letrados argumentan que el fallo «choca con la legislación estatal y normativa europea». Y el Palau no ha puesto objeción. La Generalitat ha dilatado hasta casi el final el plazo que tenía para anunciar que irá ante el Supremo. Esa dilación ha aumentado las suspicacias de Compromís y de Unides Podem, abiertamente en contra de este parque en una zona verde cuya protección consideran esencial.
El PSPV, como partido y en el Consell, ha tratado de conciliar, navegando entre la convivencia con sus socios, por un lado, y la necesidad de no soliviantar a la patronal, que apoya a Intu, por otro, delegando cualquier decisión en los abogados y defendiendo la seguridad jurídica para la inversión extranjera.
Mientras tanto, sus dos socios en el Botànic han dado cobertura a la Coordinadora de les Moles, muy activa contra el proyecto y que ha sido recibida en las últimas semanas por altos cargos de la Conselleria de Medio Ambiente, o el vicepresidente segundo Martínez Dalmau, de Podem, que dejó clara su oposición al proyecto e instaba a la Abogacía a interponer el recurso.
Ayer mismo, en el día en que se conocía la decisión de recurrir, Mónica Oltra también les daba audiencia. Para el sábado, varios colectivos habían convocado una protesta frente al Palau para exigir a Puig este recurso.
En ese contexto, la decisión de la Abogacía de presentar un recurso va a evitar un nuevo choque entre los dos principales partidos del Botànic, como se ve estos días con el proyecto de MSC en el puerto.
Lo cierto es que esta oposición al centro comercial de Paterna o también a la ampliación al puerto se han convertido en la bandera ambientalista con la que Compromís está tratando de marcar perfil ideológico dentro del Botànic.
