Uno de los caballos de batalla en la macrocausa por el hundimiento del Banco de Valencia, derivada de la querella presentada por la asociación de pequeños accionistas Apabankval, es quién y en qué cuantía compensará a los pequeños propietarios damnificados por la extinción de la entidad financiera en caso de que su excúpula sea condenada. La cifra que maneja la acusación particular dirigida por el abogado Diego Muñoz-Cobo es de calado: al menos trescientos millones de euros. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dictó el pasado diciembre el auto de procedimiento abreviado por el que procesa a los principales directivos y consejeros del banco por falsear las cuentas de 2009 y 2010. El magistrado, que dio un plazo de un mes para que alegasen a su auto, eximió de responsabilidad civil a CaixaBank pero mantuvo a Bankia,su matriz BFA, la Fundación Bancaja y la auditora Deloitte, entre otros.
En sus respectivos recursos de reforma, a los que ha accedido este diario, BFA y Bankia piden la revocación del citado auto y que quede sin efecto la decisión de reclamarles, en su caso, la citada responsabilidad. En suma, piden que se les dé el mismo trato que a CaixaBank porque opinan que la situación de las tres entidades es idéntica.
BFA recuerda que el instructor y la fiscalía excluyen a la entidad catalana con sede en València porque «la intervención del FROB, entidad de derecho público financiada con cargo a los presupuestos generales, implica una ruptura causal». Y es que el fondo público intervino en noviembre de 2011 el Banco de Valencia, hasta entonces controlado por Bancaja, una de las entidades fundadoras de BFA, la matriz de Bankia, y lo vendió un año más tarde a CaixaBank por un euro tras inyectar 5.500 millones de euros. «De no haber intervenido el FROB, sí se podía hacer responsable a la sociedad absorbente», pero se trató de un procedimiento desarrollado con dinero público para que el negocio de la entidad «pudiese continuar», precisa BFA, que expresa su sorpresa por que «este argumento, que fue utilizado por esta representación procesal para justificar que no debería haberse considerado a BFA (ni a Bankia) como responsable civil subsidiaria, sirva ahora, sin embargo, para excluir» a CaixaBank.
A este respecto recuerda que BFA está participada al 100 % por el FROB y que este sería quien tendría que pagar su parte si hay condena en el futuro juicio. BFA/Bankia, en efecto, fueron intervenidos por el fondo público en mayo de 2012.
Bankia aporta consideraciones añadidas. La primera y principal de ellas, que Banco de Valencia «jamás tuvo nada que ver» con la entidad ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri. La fiscalía aduce como motivo para pedir la responsabilidad civil el «control» que ejercía sobre el banco valenciano. Bankia recuerda que cuando se produjo la supuesta falsedad contable -2009 y 2010- de la que se acusa a la excúpula de la entidad, el banco «aún no había nacido», ya que lo hizo formalmente en mayo de 2011. También aclara que el Banco de Valencia, heredado de Bancaja, formaba parte del grupo de participaciones que tenía BFA, pero «nunca colgó de Bankia».
Fundación Bancaja
A continuación, precisa que, tras ceder su negocio bancario y parabancario a BFA, Bancaja no desapareció, sino que se perpetuó «como fundación de carácter especial, que todavía existe y opera con normalidad como sucesora legal de Bancaja». Acto seguido, Bankia aclara que «con esto no queremos decir» que «la Fundación Bancaja deba responder» en caso de condena, como piden la fiscalía y el juez, sino que si el criterio para exigir la responsabilidad civil es la condición de sucesor «está claro que no resulta de aplicación» a Bankia ni a BFA. Finalmente, pide el archivo de la causa para la entidad y puntualiza que, al ser el FROB su principal accionista, una posible condena acabaría perjudicando al Estado.
Por su parte, el exconsejero Pedro Muñoz, que representaba en el banco al Montepío Loreto, otra de las entidades a las que el juez incluye en la responsabilidad civil, pide que esta misma condición se le reclame a CaixaBank, al haber esta última «adquirido todas las obligaciones del extinto» banco.
