La conselleria de Medio Ambiente no estará sola en la defensa del decreto aprobado en marzo del pasado año para la protección de casi 276 hectáreas públicas de la montaña de Romeu, que deja a la cementera LafargeHolcim sin apenas capacidad para ampliar por la zona colindante su actual cantera, cuyos recursos de caliza se estima que no van más allá de 10 ó 12 años.
Y es que el Ayuntamiento de Sagunt llevará mañana a pleno su personación como codemandado en el recurso contencioso administrativo presentado por la multinacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana contra la declaración de paraje natural municipal de este enclave, un procedimiento marcado por la polémica y que provocó un enconado enfrentamiento entre el anterior gobierno municipal, presidido por Compromís, y la empresa.
Fuentes del actual tripartito (PSPV, Compromís y EU) confirman a Levante-EMV la voluntad de personarse en el procedimiento judicial, con el objetivo también de «tener de primera mano toda la información».
Viabilidad en peligro
Entre los argumentos esgrimidos por LafargeHolcim para acudir a los tribunales destaca la «prohibición de ampliar la cantera» que supone la protección de esta masa forestal, algo que, según ha defendido tanto la multinacional como la oposición en Sagunt, pone en serio riesgo la viabilidad de la empresa y sus cerca de 650 puestos de trabajo, entre los directos y los indirectos.
Cabe recordar que la cementera, en otro procedimiento rodeado de polémica, logró la prórroga hasta 2042 de la concesión de la ocupación de monte público en la cantera del Salt del Llop. Sin embargo, estos derechos tienen una fecha de caducidad en torno a 2030 si no se amplía el perímetro de la zona extractiva, ya que las estimaciones sobre los recursos de piedra caliza en esta cantera no van más allá de esta fecha, según recuerda LafargeHolcim.
