Con cientos de millones en juego en caso de que haya condena en el próximo juicio por la macrocausa del Banco de Valencia, las entidades -bancos, fundaciones, empresas y exconsejeros- que están implicadas en la misma batallan entre ellas sin piedad por eludir la responsabilidad civil subsidiaria que les obligaría a hacer frente a las eventuales indemnizaciones. El juez instructor en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el auto de procedimiento abreviado previo al de apertura de juicio oral, reclama la citada responsabilidad a, entre otros, Bankia y su matriz BFA, en las que se integró Bancaja, a la Fundación Bancaja y a algunas firmas, como el Montepío Loreto, que eran accionistas del Banco de Valencia. La fiscalía y el juez acusan de un delito de falsedad en las cuentas de 2009 y 2010 a la excúpula de la entidad financiera, encabezada por su presidente, José Luis Olivas.
En sus respectivos recursos de reforma, tal como publicó ayer este diario, BFA y Bankia piden que no se les exija ninguna responsabilidad y, por tanto, que se les aplique el mismo trato que a CaixaBank, que adquirió por un euro el Banco de Valencia al fondo público FROB un año después de que en noviembre de 2011 este lo interviniera. BFA alega que el motivo para excluir a la entidad catalana es el mismo por el que también se le debería dejar a ella fuera de la responsabilidad civil: la intervención del FROB implicó una «ruptura causal» en la entidad. Cabe recordar que BFA heredó el Banco de Valencia como uno de los activos que le traspasó Bancaja cuando cofundó esta entidad junto a Caja Madrid en 2010 y que BFA, como su filial Bankia, fue intervenida por el citado fondo en mayo de 2012. Por su parte, Bankia asegura en su recurso que «jamás tuvo nada que ver» con el Banco de Valencia, porque se quedó en su matriz y que esta aún no había nacido cuando se produjo la supuesta falsedad contable. Asimismo, asegura que Bancaja no desapareció sino que «se perpetuó como fundación de carácter especial, que todavía opera con normalidad como sucesora legal de Bancaja».
De su lado, en el recurso de apelación presentado por la Fundación Bancaja, esta pide el sobreseimiento de la exigencia de responsabilidad civil entre otros motivos porque no se considera sucesora de Bancaja, una condición que sí atribuye a Bankia y su matriz. Cabe recordar que la nueva legislación nacida al albur de la reestructuración financiera obligó a las cajas a transformarse en bancos. Las que, como Bancaja, no tuvieran participación en un banco -fue lo que sucedió tras la intervención de BFA- se convirtieron en fundación ordinaria y legaron a esta la obra y el patrimonio cultural además del Monte de Piedad antes de extinguirse. Alega la actual Fundación Bancaja -el fiscal le exige responsabilidad porque heredó parte de los activos de la caja-, que al convertirse en una nueva entidad «adquirió nueva personalidad jurídica, lo que produce su extinción como detentadora de obligaciones derivadas de actividad bancaria/crediticia» y concluye que «es evidente que hubo sucesión universal y, por lo tanto, asunción de activo y pasivo por parte de BFA/Bankia como herederas de Bancaja».
La fundación recuerda que en las escrituras de segregación de las cajas en la creación de BFA se explicita que esta última se hará responsable también «de cualquier obligación que pueda surgir del patrimonio segregado, como es el caso del pasivo y activo discutido en las cuentas anuales». En contra de lo que afirma el grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri, la Fundación asegura que «Bancaja no existe, se extinguió por su incorporación a BFA y Bankia». Respecto al patrimonio heredado de la antigua caja, la entidad sociocultural presidida por Rafael Alcón alega que «los bienes afectos a la obra social no heredan una obligación de resarcimiento, son las personas físicas y/o jurídicas» las que lo hacen.
