La Abogacía de la Generalitat acaba de poner en marcha la maquinaria para llevar ante el Tribunal Supremo el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana que da la razón al promotor Intu frente al Consell, y que resucita el proyecto original de Puerto Mediterráneo, obligando a evaluarlo de nuevo desde el punto de vista ambiental.
La Abogacía ha cumplido la primera formalidad que impone la ley de jurisdicción contencioso administrativa, y ha presentado el escrito preparatorio del recurso de casación ante la sala de lo contencioso del TSJ valenciano, paso previo a la presentación del recurso.
Cabe recordar que el pasado octubre el alto tribunal valenciano emitió una sentencia en que anulaba la denegación de la propuesta de actuación territorial estratégica Puerto Mediterráneo, por ser contraria a derecho, y obliga a retrotraer el procedimiento administrativo hasta el momento anterior a la emisión de la memoria ambiental desfavorable. Es decir, que el tribunal impone a la Conselleria de Medio Ambiente y Obras Públicas volver a considerar el megacentro comercial. No solo eso: el dictamen que emita no puede ser desfavorable, sino que debe señalar las insuficiencias en materia ambiental para ser corregidas.
La sentencia ha supuesto un auténtico seísmo en torno a un gran proyecto comercial y de ocio que ha tensionado al Consell del Botànic, sobre todo al PSPV, obligado a navegar entre la abierta oposición de sus socios Compromís y Podemos, mientras que las patronales también están presionando a favor de una inversión de la que esperan un gran impacto en términos de empleo.
En este contexto, ha sido la Abogacía quien ha decidido que la Generalitat debe recurrir. Tal como adelanta en este escrito preparatorio, la Abogacía entiende que la sentencia infringe artículos de la Constitución así como directivas de la Comisión Europea transpuestas al ordenamiento jurídico español.
