La futura ampliación del Puerto de València, destinada a albergar una terminal de contenedores de una filial de MSC e inmersa en una enconada batalla entre el ayuntamiento y la autoridad portuaria por sus posibles impactos medioambientales, generará más de 5.500 empleos y elevará en 600 millones el Valor Añadido Bruto (VAB) de la Comunitat Valenciana, según un informe elaborado por la Universidad Politécnica de València (UPV) y que ha sido presentado hoy arropado por la patronal CEV, la Cámara de Comercio y la asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller València.
El documento estima que, cuando la terminal esté en pleno funcionamiento hacia 2030, el recinto portuario valenciano dará empleo a 44.303 personas, lo que supone un aumento de más de 5.500 personas en relación a los 38.800 de la actualidad. El VAB, que en 2016 ascendía a 2.499 millones, subirá a 3.143, es decir, por encima de otros 600 millones. En ambos casos, estos parámetros representarán algo más del 2,2 % sobre el total respectivo en la Comunitat Valenciana.
El director del estudio, el catedrático en Puertos y Costas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, Vicent Esteban, ha indicado que, durante la fase de construcción de la terminal, el empleo generado (directo, indirecto e inducido) superará las 32.200 unidades. 17.017 de ellas corresponderán al período 2022-2023 y otras 15.284, a los años comprendidos entre 2024 y 2026.
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, explicó, al ser preguntado por el hecho de que el Gobierno central aún no se ha pronunciado sobre si la inversión requerirá una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) añadida a la que se realizó en 2007 para la anterior ampliación del Puerto de València, como piden el ayuntamiento y Compromís, que el puerto está en estos momentos tratando de convertir en positivas las alegaciones al anteproyecto que son negativas, sobre todo por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, y que después lo remitirá a Puertos del Estado para que sean los técnicos los que opinen sobre la necesidad o no de una nueva DIA.
Por su parte, Esteban afirmó que la DIA de 2007 estableció la necesidad de realizar un seguimiento sobre el impacto en las playas del norte y del sur tras la anterior ampliación y que los resultados son negativos. En su opinión, solo cuando el anteproyecto se convierta en un proyecto se podrá hacer una evaluación ambiental del mismo, aunque adelantó que la nueva terminal va a implicar obras de relleno en la zona interior del recinto "y no puede tener efectos sobre las playas".
