En medio de la encarnizada batalla política y ecologista en la que está inmersa la nueva ampliación del Puerto de València, el recinto de grao ganó ayer una batalla, la del bando académico, que, a través de la Universitat Politécnica de València (UPV), bendijo la futuro terminal en la que una filial de MSC está dispuesta a invertir en torno a mil millones de euros. Un informe del centro formativo presentado ayer prevé un elevado impacto económico positivo -y prácticamente ninguno medioambiental- si esa iniciativa se consuma finalmente.
Claro que dicho estudio ha sido elaborado por el Instituto de Transporte y Territorio de la UPV tras un acuerdo firmado el pasado abril con la patronal autonómica CEV, la Cámara de Comercio y la asociación de empresarios y directivos logísticos Propeller València. El documento estima que, cuando la terminal esté en pleno funcionamiento hacia 2030, el recinto portuario valenciano dará empleo a 44.303 personas, lo que supone un aumento de más de 5.500 personas en relación a los 38.800 de la actualidad. El Valor Añadido Bruto (VAB), que en 2016 ascendía a 2.499 millones, subirá a 3.143, es decir, por encima de otros 600 millones. En ambos casos, estos parámetros representarán algo más del 2,2 % sobre el total respectivo en la Comunitat Valenciana.
El director del estudio, el catedrático en Puertos y Costas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, Vicent Esteban, indicó que, durante la fase de construcción de la terminal, el empleo generado (directo, indirecto e inducido) superará las 32.200 unidades. 17.017 de ellas corresponderán al período 2022-2023 y otras 15.284, a los años comprendidos entre 2024 y 2026.
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, explicó, al ser preguntado por el hecho de que el Gobierno central aún no se ha pronunciado sobre si la inversión requerirá una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) añadida a la que se realizó en 2007 para la anterior ampliación del Puerto de València, como piden el ayuntamiento y Compromís, que el puerto está en estos momentos tratando de convertir en positivas las alegaciones al anteproyecto que son negativas, sobre todo por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, y que después lo remitirá a Puertos del Estado para que sean los técnicos los que opinen sobre la necesidad o no de una nueva DIA.
Por su parte, Esteban afirmó que la DIA de 2007 estableció la necesidad de realizar un seguimiento sobre el impacto en las playas del norte y del sur tras la anterior ampliación y que los resultados son negativos. En su opinión, solo cuando el anteproyecto se convierta en un proyecto se podrá hacer una evaluación ambiental del mismo, aunque adelantó que la nueva terminal va a implicar obras de relleno en la zona interior del recinto «y no puede tener efectos sobre las playas».
Dragado
No obstante, «si se contemplaran obras de dragado en áreas exteriores, es posible y habría que estudiar» hacer una nueva evaluación ambiental, «pero de momento eso no está establecido en los proyectos de ejecución». Desde su punto de vista, «la previsión de buques que va a utilizar la terminal no justifica necesidades de dragados en la zona exterior pero no sé la decisión final», precisó. Según Esteban, los buques de mayores dimensiones, de hasta 25.000 TEU, «tienen un calado adicional de un metro más de los que recogía la DIA anterior y un metro más no supone necesidades de dragado».
Por último, el informe insiste en cómo una serie de infraestructuras vinculadas al puerto, como el acceso norte por carretera, el aumento de la capacidad de autovías como la V30, la finalización del corredor mediterráneo o el acceso ferroviario al puerto de Sagunt, son básicas para reducir los impactos medioambientales, por ejemplo rebajando la dependencia del tráfico viario en beneficio del ferrocarril.
