La cementera Lafarge no seguirá su actividad en Sagunt si no tiene garantizadas hasta 2042 las reservas de caliza, que ahora apenas llegan «a diez o quince años». Ese fue uno de los principales mensajes del director de la planta, José Luis Coleto, durante su balance del año, en el que destacó la reducción «insignificante» del 5 % en la producción de la fábrica durante 2019, el impacto de 33 millones en la economía comarcal, los 150 empleos directos y 500 indirectos que genera la planta o los 900 días sin accidente con baja que acumula.
Sobre el futuro a medio y largo plazo, Coleto se mostró «esperanzado» en obtener el aval para seguir en Sagunt, que pasa, según apuntó, por ampliar los límites de la cantera que actualmente explota hacia Las Margas, con algo más de 14 hectáreas, y una parte de la zona norte. Esta intención choca con la declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal, aprobada hace casi un año por el Consell y que expresamente impide la actividad extractiva en esas zonas.
La presunta ilegalidad que supone esta prohibición genérica es la base legal sobre la que Lafarge ha acudido a los tribunales para anular esa declaración, cuestión que «sigue su curso», apuntó Coleto, aunque también se ha abierto «un nuevo marco de diálogo con el actual alcalde de Sagunto -el socialista Darío Moreno- y la Generalitat que esperamos que nos lleve a un solución».
De forma paralela a esta negociación y mientras la cementera de Sagunt «sigue siendo estratégica para el grupo como referencia de varios productos especiales de alto valor añadido», Coleto señaló que Lafarge ha «preadjudicado» una inversión de 8 millones de euros «para introducir una tecnología que ya se emplea en el norte de Europa y consiste en la sustitución de los combustibles fósiles para el funcionamiento del horno por residuos, un gran hito que reducirá hasta un 20 % las emisiones de CO2». Esta inyección, sin embargo, está supeditada a que la fábrica amplíe su horizonte de viabilidad con la garantía de más caliza.
